Actualidad Internacional
En virtud de Ley de Inteligencia Artificial
Unión Europea anuncia política de fiscalización de modelos avanzados de inteligencia artificial
Dio inicio a la aplicación de exigencias clave de la normativa sobre inteligencia artificial. La medida faculta a los fiscalizadores a auditar modelos potentes y sancionar severamente las infracciones que pongan en riesgo la seguridad cibernética o vulneren las obligaciones de transparencia.
La Comisión Europea confirmó que su organismo especializado, de forma conjunta con las entidades reguladoras de cada Estado miembro, comenzó la implementación de exigencias fundamentales fijadas en la legislación sobre inteligencia artificial. Esta nueva etapa otorga competencias directas para fiscalizar los modelos avanzados, exigir la entrega de documentación técnica y aplicar medidas correctivas contra las empresas infractoras.
Los funcionarios encargados de la supervisión podrán revisar el funcionamiento interno de los programas, interrogar a los dependientes de las tecnológicas y dictar órdenes de modificación cuando las herramientas no se ajusten a los parámetros legales. Asimismo, la autoridad comunitaria habilitó vías confidenciales para que los trabajadores de las firmas tecnológicas y los usuarios en general presenten denuncias sobre eventuales transgresiones a la normativa vigente.
La activación de estas facultades responde al incremento de incidentes de seguridad reportados por desarrolladores de tecnología a las autoridades comunitarias, en relación con actividades cibernéticas no autorizadas ejecutadas por sistemas autónomos. Dichos eventos reforzaron la postura de las autoridades sobre la necesidad de mantener un control preventivo continuo en la etapa posterior al lanzamiento comercial de las plataformas, superando la fase tradicional de pruebas previas.
La normativa establece que los usuarios deben ser informados al interactuar con sistemas automatizados y obliga a los proveedores a incorporar marcas legibles por máquinas en el material sintético. Quienes empleen estas herramientas para elaborar imágenes, audio o video de apariencia realista tienen el deber de explicitar que la pieza fue creada o alterada artificialmente. La regla no prohíbe de forma genérica el uso de alteraciones profundas, sino que busca evitar engaños, suplantaciones e ilícitos sancionados por otras leyes penales y de privacidad.
El endurecimiento de la fiscalización tiene como antecedente la controversia global generada por herramientas de generación de imágenes que permitieron la creación no consentida de contenido explícito de mujeres y menores de edad. Estos antecedentes, derivados de actualizaciones que abrieron vulnerabilidades en plataformas de edición, fueron considerados por el regulador para justificar la necesidad de monitorear en todo momento el funcionamiento de estos modelos.
La aplicación del marco legal iniciado en agosto de 2024 avanza de manera gradual, incorporando exigencias de transparencia y mayor control sobre modelos de propósito general. Los Estados miembros tienen el deber de fijar sanciones disuasivas y los organismos de vigilancia pueden dar plazos de 15 días para corregir o retirar sistemas infractores. Las multas por vulnerar las reglas de transparencia pueden llegar a 15 millones de euros o al 3% de los ingresos globales, mientras que las faltas por prácticas prohibidas alcanzan los 35 millones de euros o el 7% de la facturación.
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