Justicia colombiana dictamina que omisiones administrativas no pueden obstaculizar obtención de título de abogado

Durante la revisión del asunto, la magistratura constató una carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la institución emitió finalmente las constancias requeridas a lo largo del procedimiento judicial. No obstante, consideró necesario emitir un juzgamiento de fondo para analizar la falta de adecuación constitucional del actuar institucional, rechazando los argumentos invocados por el órgano territorial para eludir la subsanación del trámite.

El tribunal fundamentó que las reglas administrativas sobre la validez de los actos no autorizan a las instituciones a dejar insubsanadas sus propias irregularidades cuando de ello depende el goce de garantías fundamentales. Al advertirse fallas procesales en la vinculación del practicante, la administración tenía la obligación directa de disponer los correctivos requeridos en lugar de trasladar al egresado los efectos perjudiciales del incumplimiento.

Asimismo, la magistratura remarcó que formalizar las vinculaciones, evaluar el trabajo y expedir las certificaciones en forma no son meros requisitos burocráticos, sino garantías sustanciales para el progreso profesional. Por ello, previno a la autoridad demandada para que entregue la documentación de forma oportuna a los practicantes y enmiende de oficio cualquier deficiencia documental futura.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-198-26.