Actualidad Internacional
Protección contra el bullying
Proyecto de ley en Argentina busca prevenir el acoso escolar y la violencia digital
Un grupo de legisladores ingresó una propuesta normativa para establecer una política pública integral de protección a la niñez. El texto fija protocolos obligatorios en colegios, tipifica agresiones virtuales mediante inteligencia artificial y promueve acuerdos de cooperación con plataformas digitales.

La Cámara de Diputados de Argentina recibió formalmente una propuesta legislativa destinada a constituir un marco nacional centrado en la prevención, detección temprana y respuesta integral ante situaciones de acoso escolar, ciberacoso y agresiones digitales hacia la niñez y adolescencia. La iniciativa parlamentaria fue derivada para su revisión técnica a los comités pertinentes.
El texto plantea instaurar una estrategia estatal permanente y coordinada entre diversas instituciones y jurisdicciones del país. La regulación define expresamente conceptos jurídicos y sociales como el acoso escolar presencial, el hostigamiento virtual, la violencia digital, el acoso sexual cibernético a menores, la chantaje con material íntimo y la divulgación no autorizada de contenidos privados, abarcando también manipulaciones mediante inteligencia artificial como la alteración de voz o imagen.
Dentro de las obligaciones operativas, la normativa exige a las instituciones de educación pública y privada la confección de programas internos y la adopción de protocolos estandarizados de actuación. Estas guías de procedimiento imponen una acción inmediata frente a denuncias, la preservación de evidencias digitales, el acompañamiento de profesionales multidisciplinarios y la protección prioritaria de las víctimas de estos hechos.
En el ámbito formativo, el proyecto impulsa integrar en los planes educativos materias sobre convivencia, educación afectiva, formación ciudadana en entornos virtuales, resguardo de datos y uso consciente de nuevas tecnologías. Asimismo, se fijan esquemas de formación continua dirigidos al personal directivo, docentes, trabajadores de las escuelas y a los grupos familiares, complementados con la creación de un plan nacional preventivo.
Para el entorno de internet, el documento promueve mecanismos de trabajo conjunto con redes sociales, plataformas y proveedores de conectividad. La finalidad de esta alianza es facilitar el reporte de incidentes, asegurar la evidencia técnica e impedir la masificación de publicaciones que vulneren los derechos de personas menores de edad, procurando equilibrar estas medidas con la libertad de expresión y la privacidad.
La propuesta legislativa fue motivada por un caso ocurrido en 2013 en la provincia de San Juan, donde una estudiante de trece años sufrió un ataque físico por parte de una alumna de su colegio tras sucesivos episodios de acoso escolar. A raíz de las lesiones sufridas durante dicha agresión, la víctima perdió irreversiblemente la visión de un ojo.
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