Autoridad regulatoria de Australia demanda a Amazon por claúsulas abusivas en Prime Video

El organismo regulador de la competencia de Australia inició un procedimiento judicial ante el Tribunal Federal contra la filial local de Amazon por presuntamente infringir la Ley de Protección al Consumidor. La acción legal sostiene que la empresa incorporó cláusulas abusivas en sus contratos de suscripción anual e hizo uso de ellas para modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transmisión de video al incluir anuncios publicitarios.

De acuerdo con los antecedentes presentados, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la compañía incluyó cinco estipulaciones desproporcionadas en las convenciones firmadas por más de un millón de suscriptores. Dichas cláusulas permitían realizar cambios perjudiciales durante la vigencia de la membresía sin ofrecer soluciones ni alternativas a los clientes. Esta conducta sirvió de base para implementar publicidad en la plataforma durante julio de 2024, servicio que previamente se prestaba libre de comerciales.

A raíz de la modificación contractual, los usuarios anuales, que ya habían pagado una tarifa anticipada de 79 dólares por el servicio completo, se vieron obligados a abonar un cobro adicional de 2,99 dólares mensuales si deseaban continuar viendo contenidos sin interrupciones. La autoridad fiscalizadora enfatizó que las personas que buscaban evitar los anuncios no tuvieron otra opción que pagar montos adicionales para mantener las condiciones del contrato suscrito originalmente.

La demanda también atribuye responsabilidad a la matriz estadounidense de la empresa, acusándola de participar a sabiendas en estas conductas. Según la acusación, la matriz colaboró en la redacción de las estipulaciones contractuales cuestionadas, tomó la decisión a nivel global de incorporar publicidad en el servicio de video y coordinó la aplicación de la medida en el mercado australiano.

La entidad reguladora solicitó al tribunal la declaración de infracción, la imposición de sanciones económicas, la compensación para los consumidores afectados y el pago de las costas del proceso. El organismo recordó que todas las empresas deben mantener un equilibrio entre derechos y obligaciones en sus contratos de adhesión, advirtiendo que el incumplimiento del régimen legal acarrea graves multas.

El proceso se inició a partir de denuncias presentadas por usuarios tras la aparición de los anuncios. Este caso constituye uno de los primeros litigios tramitados bajo las nuevas normas sobre cláusulas contractuales abusivas vigentes desde noviembre de 2023, cuya fiscalización se mantiene como prioridad institucional para el período 2026-2027, con especial foco en las condiciones que perjudican la cancelación de servicios.

Vea texto de la resolución.