Gobierno argentino aprueba normativa que deniega entrada al país a extranjeros que “insulten” a Argentina

El Gobierno de Argentina formalizó una reforma a la normativa migratoria vigente mediante la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida busca restringir el acceso y posibilitar la salida forzada del territorio nacional a personas extranjeras que incurran en discursos de odio contra la población local o en agresiones hacia los símbolos patrios argentinos.

A través del instrumento normativo se agregó una causal específica al artículo que regula los impedimentos de ingreso en la ley sobre la materia. De esta forma, las autoridades administrativas contarán con la facultad de prohibir la entrada a quienes hayan promovido la violencia o dirigido expresiones hostiles, en forma oral o escrita, motivadas por la nacionalidad de los habitantes.

La restricción también contempla a aquellas personas de otra nacionalidad que intervengan o inciten a la realización de actos que constituyan un agravio a los distintivos patrios. Los fundamentos de la decisión estatal señalan que, pese a la política receptiva hacia la migración, la nación mantiene la atribución soberana de establecer requisitos de permanencia para salvaguardar la seguridad interior y el orden de la comunidad.

En el texto normativo se argumenta que la disposición responde a un incremento en los episodios de hostilidad y manifestaciones de rechazo hacia la identidad y cultura del país en redes sociales. Por esta razón, las causales añadidas no solo operan al momento de pretender cruzar la frontera, sino que también actúan como motivo directo para revocar los permisos de permanencia previamente otorgados.

Cuando se configure la cancelación de la residencia, la autoridad competente podrá intimar a la persona afectada para que abandone la nación en un plazo determinado o decretar su expulsión inmediata, dependiendo de la gravedad de los hechos. El procedimiento administrativo aplicable evaluará los antecedentes particulares de cada caso para definir la sanción correspondiente.

Finalmente, el texto legal precisa que la normativa no afecta las opiniones políticas, el debate académico ni el disenso ideológico garantizados por la carta fundamental. El Ejecutivo sostuvo que las modificaciones se ajustan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al delimitar su alcance exclusivamente a la incitación a la violencia y el odio.

Vea texto del decreto.