ONU insta a Venezuela a revertir su retirada de la Corte Penal Internacional

La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela solicitó a las autoridades de ese país que reconsideren la decisión de abandonar el Estatuto de Roma. El grupo de expertos advirtió que la marginación del tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional debilita los mecanismos de rendición de cuentas ante violaciones graves a los derechos humanos y restringe la capacidad de las víctimas para acceder a mecanismos de reparación.

La determinación del ejecutivo venezolano fue comunicada durante la semana anterior con carácter irrevocable. La postura oficial sostiene que el tribunal internacional actúa con parcialidad política y geográfica al focalizar sus pesquisas en naciones latinoamericanas y africanas. Asimismo, la administración de dicho Estado aseveró que las instituciones judiciales locales poseen la capacidad técnica requerida para efectuar investigaciones internas sin necesidad de fiscalización externa.

Ante este escenario, la representación de las Naciones Unidas manifestó una profunda inquietud institucional respecto al impacto de la medida. A través de un pronunciamiento oficial, el grupo investigador indicó que la marginación del sistema penal internacional genera dudas sobre la voluntad estatal de sancionar los abusos cometidos. Igualmente, subrayó que la jurisdicción internacional resulta imprescindible para resguardar las garantías fundamentales de la población y evitar la repetición de hechos ilícitos.

La Corte mantiene abierta una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad registrados en el territorio venezolano desde el año 2021. De acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 127 del Estatuto de Roma, el proceso formal de desvinculación requiere un plazo de doce meses para materializarse definitivamente. Sin embargo, dicha norma establece expresamente que la fiscalía internacional conserva la potestad legal para continuar con la tramitación de las causas iniciadas durante el período en que el Estado fue parte del acuerdo.

Los integrantes de la misión insistieron en que sostener el trabajo conjunto con los organismos de justicia global constituye un requisito indispensable para impedir la impunidad. Por ello, instaron a la administración central a dejar sin efecto el anuncio. La decisión estatal se suma a resoluciones similares adoptadas recientemente por los gobiernos de Burkina Faso, Malí y Níger, los cuales argumentaron intromisiones en sus asuntos internos para concretar su marginación del tribunal.

El retiro de estos países ocurre en un contexto de cuestionamientos hacia la estabilidad de la Corte Penal Internacional, marcado por hechos como la remoción de su fiscal principal. Diversos analistas señalan que la institución atraviesa una compleja etapa institucional motivada por el distanciamiento de varios Estados miembros y las tensiones derivadas del alcance de su competencia territorial.

Vea declaración oficial.