Revoca decisión del gobierno
Tribunal de EE.UU. ordena reanudación de transmisiones de emisora internacional Voz de América
La sentencia analiza el alcance de la discrecionalidad administrativa frente a las obligaciones impuestas por el legislador mediante asignaciones presupuestarias. El fallo determina la nulidad de las medidas que redujeron a su mínima expresión las funciones de radiodifusión estatal, estableciendo que la omisión de fundamentos técnicos y la retención de acciones legales obligatorias constituyen una vulneración del marco normativo federal estadounidense.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia resolvió que la paralización de actividades de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM) y de la Voz de América (VOA) contravino la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El juez dispuso el restablecimiento íntegro de las funciones operativas, la reincorporación del personal y la reanudación de las transmisiones, al considerar que la administración federal excedió sus facultades al implementar un cierre de facto de estas instituciones.
La sentencia establece que la USAGM incumplió la obligación legal de fundamentar técnicamente el cese de operaciones y el paso a licencia remunerada de gran parte de su plantilla. Según el fallo, la normativa federal impone deberes de radiodifusión de carácter obligatorio que la entidad dejó de cumplir injustificadamente bajo su estructura reducida.
Asimismo, el tribunal subrayó que las asignaciones presupuestarias definidas por el Congreso para estos fines reflejan una voluntad legislativa específica que el Poder Ejecutivo no posee autoridad para ignorar o anular de forma unilateral.
No obstante, el magistrado resolvió a favor del Gobierno en lo relativo a los reclamos presentados por contratistas de servicios personales de la VOA. La resolución indica que, al tratarse de controversias derivadas esencialmente de vínculos contractuales, el tribunal de distrito carece de competencia jurisdiccional en virtud de la Ley Tucker. Por este motivo, el fallo determinó que dichas reclamaciones deben ser tramitadas ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos para buscar cualquier tipo de reparación.
El origen de la controversia jurídica se remonta a marzo de 2025, tras la emisión de una orden ejecutiva que instruía la reducción de funciones en diversas agencias federales a niveles mínimos. Bajo la dirección de la asesora principal Kari Lake, la USAGM suspendió la mayoría de sus emisiones y puso a más de mil empleados en situación de licencia administrativa. Esta decisión definitiva del tribunal anula el memorando institucional y las interrupciones de servicio aplicadas, calificándolas como actos arbitrarios y contrarios al ordenamiento jurídico vigente.
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