Orden judicial preliminar
Tribunal de EE.UU. ordena a autoridades migratorias respetar garantías del debido proceso al realizar arrestos
Observó que la autoridad habría aplicado un estándar inferior al previsto por la ley federal, lo que afecta la validez de múltiples detenciones realizadas en Washington, D.C. La jueza exige ahora documentación detallada para cada arresto sin orden judicial y una rectificación de los criterios utilizados. La resolución se suma a otras decisiones recientes que examinan los límites de la autoridad migratoria y el control judicial en estos casos.
Un tribunal federal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) dictó una orden judicial preliminar que restringe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la ejecución de detenciones civiles de inmigración sin orden judicial, al considerar que la agencia habría aplicado un estándar insuficiente para justificar esos arrestos. La medida incluye además una certificación colectiva provisional, mientras que una solicitud para la certificación definitiva quedó pendiente de nueva presentación.
La acción judicial se enmarca en el caso Escobar Molina v. DHS, demanda presentada en septiembre por cuatro personas migrantes y la organización CASA, Inc. El litigio cuestiona la política del DHS que, tras una declaración de emergencia en agosto, permitió realizar arrestos civiles en Washington, D.C. sin evaluaciones individualizadas que demostraran causa probable de que la persona pudiera escapar antes de obtener una orden judicial, como exige la normativa aplicable.
En su resolución, la jueza concluyó que los demandantes ofrecieron fundamentos suficientes para sostener que la agencia habría sustituido el requisito de causa probable por un criterio de “sospecha razonable” tanto para la presunta presencia irregular como para la posibilidad de fuga. La magistrada citó declaraciones públicas de altos funcionarios del DHS, entre ellos el subsecretario de Asuntos Públicos y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quienes afirmaron que ese nivel de sospecha bastaba para proceder con detenciones sin orden.
El tribunal también descartó las objeciones jurisdiccionales de la agencia. Determinó que las disposiciones de 8 USC § 1252 relativas a la limitación de revisiones judiciales en asuntos vinculados directamente a deportaciones no impiden examinar la legalidad de procedimientos de arresto que no constituyen, por sí mismos, una actuación de expulsión. Asimismo, la jueza subrayó que la condición de una persona como “deportable” no implica necesariamente riesgo de fuga, por lo que ambas valoraciones debían mantenerse separadas.
La orden preliminar obliga ahora al DHS a comunicar el fallo a todos los agentes con facultades para aplicar normas migratorias y a dejar constancia de los elementos que respalden cada detención realizada sin orden judicial. La resolución se dicta en un contexto de debates continuos en Estados Unidos sobre los límites de la autoridad migratoria. En meses recientes, decisiones judiciales en Rhode Island y Maryland también han abordado el alcance de las competencias federales y estatales en materia de arrestos y deportaciones.
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