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Diario Constitucional

Vicio de ilegalidad

Tribunal de EE.UU. bloquea retención de fondos destinados a agencias federales decretada por el gobierno de Trump

El fallo aborda la controversia constitucional sobre la facultad del Poder Ejecutivo para retener recursos asignados previamente por el legislativo. La decisión judicial se sustenta en la falta de consideración de los derechos de los beneficiarios y la posible extralimitación de funciones del gobierno. Este control jurisdiccional incide directamente sobre la revisión de programas de diversidad y cambio climático que el gobierno pretendía auditar mediante la paralización de pagos.

Por Redacción·20 de marzo de 2026·1 min de lectura
imagen: cnn
Referencial

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ratificó la sentencia de instancia que declaró la probable ilegalidad de la suspensión masiva de fondos para agencias administrativas aplicada por el gobierno federal en 2025. El fallo mantiene el bloqueo sobre las directrices de un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emitido en enero de dicho año, el cual pretendía congelar la ejecución de recursos ya asignados.

La acción judicial fue impulsada por los fiscales generales de veintidós estados y del Distrito de Columbia. Los demandantes argumentaron que la medida adoptada por la administración excedió las facultades presidenciales y vulneró el principio constitucional de separación de poderes, al intervenir en recursos cuya disposición corresponde al Congreso. El tribunal de alzada coincidió en que la paralización de aproximadamente 3 billones de dólares en fondos federales careció de la justificación legal necesaria para alterar el destino de los gastos públicos.

En su fundamentación, la magistratura señaló que la OMB ordenó la suspensión del gasto sin evaluar un aspecto relevante del problema: los intereses de confianza de los beneficiarios finales de dichos recursos comprometidos. El memorando bajo análisis instruía a las agencias a detener temporalmente la entrega de asistencia financiera para revisar si los préstamos y subvenciones otorgados guardaban relación con políticas de diversidad, equidad e inclusión, así como con iniciativas vinculadas al cambio climático.

Este pronunciamiento constituye la segunda resolución judicial adversa para las directrices presupuestarias de la administración Trump respecto al memorando de 2025. Previamente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ya había dictado una medida cautelar similar en un proceso paralelo iniciado por organizaciones sin fines de lucro y asociaciones gremiales, estableciendo un precedente de control judicial sobre el uso de la potestad gubernamental en materia presupuestaria.

Vea texto de la sentencia.

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