Tribunales por País

"es imprescindible encontrar un equilibrio entre los derechos fundamentales de la libertad de culto, por un lado, y el derecho de ser juzgado de manera justa e imparcial, por otro, debiéndose determinar entonces, de manera fundada, cuándo el testificar con el rostro cubierto podría conducir a una condena injusta o entorpecer la investigación, con el objeto de evitar la imparcialidad del juicio o la falta a la equidad, si fuese el caso".

"en el mes de octubre de 2012 un Tribunal de Nueva York declaró la inconstitucionalidad de esta parte de la ley, por considerarla que vulneraba la igualdad y discriminaba injustificadamente a los cónyuges del mismo sexo".

"el ejercicio de estos derechos puede quedar sujeto a otras restricciones que las que, bajo la ley, sean necesarias en una sociedad democrática, en virtud de la seguridad nacional, seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, o para la protección de los derechos y libertades de los demás".

"la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, constituye un derecho fundamental de las minorías étnicas".

"en el mes de octubre de 2012 un Tribunal de Nueva York declaró la inconstitucionalidad de esta parte de la ley, por considerarla que vulneraba la igualdad y discriminaba injustificadamente a los cónyuges del mismo sexo".

aunque todo intérprete es a la vez un ejecutante, la doctrina en ocasiones emplea el término “artista intérprete” en relación con artistas que actúan individualmente como los cantantes solistas, los actores de obras teatrales y audiovisuales y los directores de orquesta; y el término “artista ejecutante” para referirse a quienes participan en la ejecución colectiva de obras como los músicos integrantes de una orquesta, conjunto musical o coro.

"reafirmó la soberanía colombiana sobre las islas y cayos “Alburquerque, Bajo Nuevo, Este, Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla del archipiélago de San Andrés“, y por otra, adjudicó en mayor proporción –de 1 a 8- la soberanía y proyección marítima insular a favor de Nicaragua, cambiando la línea provisional, sin referirse a ello por falta de antecedentes".

"no puede permanecer ajeno a la realidad social y hoy existen datos cuantitativos contenidos en estadísticas oficiales, que confirman que en España existe una amplia aceptación social del matrimonio entre parejas del mismo sexo, al tiempo que estas parejas han ejercitado su derecho a contraer matrimonio desde el año 2005".

"condicionar el beneficio de la sustitución de la detención intramuros por la domiciliaria, al examen de la personalidad del imputado o acusado mayor de 65 años, no es una manifestación del derecho penal de autor, por cuanto: a) no implica la criminalización de la condición personal; b) el análisis de las condiciones personales es imprescindible en el juicio de suficiencia que se realiza para establecer si la detención domiciliaria garantiza los fines de las medidas de aseguramiento; c) el examen de la personalidad se extiende únicamente a aquellas facetas y aspectos que tienen repercusión dir

"durante el año 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo mayoría en el Parlamento para aprobar una modificación al Código Civil español que reconoce jurídicamente –bajo la figura del matrimonio– a las uniones entre personas del mismo sexo, y que arroja, al día de hoy, más de 22.000 parejas casadas".

"el delito de desacato no se encuentra conforme al Sistema Constitucional boliviano, puesto que su vigencia afecta a los derechos fundamentales expuestos en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y va contra compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos asumidos por el Estado boliviano, motivos por los cuales fue declarado inconstitucional".

la expresión “con ocasión del conflicto armado”, ha sido empleada como sinónimo de “en el contexto del conflicto armado,” “en el marco del conflicto armado”, o “por razón del conflicto armado”, para señalar un conjunto de acaecimientos que pueden rodear este fenómeno social.

al solicitarse a estas personas certificarse cada tres meses por la autoridad administrativa, castigándolos con un año de prisión para el caso de no hacerlo, resulta desproporcionado, restringiéndose de esa manera la libertad de circulación, por lo cual, en esta parte, la norma del año 1969 resulta contraria a la Constitución Política.

"más del 80% de sus habitantes apoyan su independencia del resto de España –o de la “España del Sur”– al punto que, en las últimas horas, han advertido al gobierno de Mariano Rajoy que ni aún las armas podrán impedir que este proceso siga adelante".

"ha sido firmado por 25 países de la Unión Europea, y pone a disposición de los Estados, particularmente aquellos que forman parte de la zona Euro, un total de €500 billones (US$620 billones, aproximadamente) en caso de que no puedan hacer frente a sus compromisos de deuda con sus propios medios, sujetos eso sí al cumplimiento de una mayor disciplina presupuestaria".

"aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública".

"constató que los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia se encuentran salvaguardados y que las excepciones establecidas buscan una finalidad constitucionalmente legítima y no dan lugar a una discriminación prohibida por la Constitución".

"la exclusión de algunas de las entidades públicas mencionadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 del ámbito de aplicación del artículo 199 del C.P.C. no implica que los representantes de otras entidades públicas no estén cobijados por esta prohibición, ni que con ocasión de la celebración de mecanismos de conciliación y transacción no puedan declararse hechos o circunstancias que faciliten conciliar los intereses en controversia".

la prensa colombiana ha criticado duramente a los jueces que componen la Magistratura Constitucional, acusándolos de fallar superponiendo sus colores políticos por sobre el criterio jurídico, generando así una enrarecida atmósfera en torno a esta trascendental sentencia.

la Corte consideró que el legislador no violó el principio de igualdad al establecer que las personas sordas son “parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes” (art. 10º, num. 3, Ley 982 de 2005), pues se da el mismo tratamiento a dos grupos humanos distintos entre sí, en aquellos aspectos en que se encuentran parecidos, concretamente, en el derecho al reconocimiento de usos de lenguaje diferenciados, como patrimonio cultural de la nación.

en caso de que la Corte desestime la orden de no innovar, quedaría abierta la puerta para que el Presidente alemán promulgue las leyes que ratifican el MEDE, luego de lo cual, por tratarse de tratados internacionales, no podrían ser modificados aún en caso de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de las medidas.

la concurrencia de ese interés público se deriva, ante todo, del hecho de que se trata del primer recurso de amparo en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal, un caso de internamiento psiquiátrico urgente, con las peculiaridades que éste presenta en nuestro ordenamiento al acordarse ab initio sin control judicial, conforme luego veremos. Y en segundo lugar, en razón a que el colectivo al que afecta esta medida es con alguna frecuencia el de las personas

cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la comercialización, o incluso a la distribución gratuita la conducta será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar el bien jurídico de la salud pública.

las disposiciones que expanden el sistema público de salud, que provee asistencia a los sectores socioeconómicamente más desaventajados y a los inválidos, son contrarias a la Constitución, por cuando el Congreso Federal habría excedido su ámbito competencial al obligar a los Estados federados a participar en este programa amenazándolos con la pérdida de ciertos subsidios federales actualmente en vigor.

se corre el serio riesgo de restringir los derechos civiles de los inmigrantes –discriminándolos por su origen étnico o racial– que, en Estados Unidos, representan alrededor del 16% de la población.

por el sistema establecido en la Constitución Nacional el llamado juicio político es un mecanismo de control del Congreso sobre la gestión de algunos altos funcionarios con el objeto de que éstos, en caso de incurrir en mal desempeño puedan ser removidos del cargo.

la Constitución no contiene reserva competencial alguna a favor del Estado en el art. 149 CE, habiendo sido asumidas dichas competencias por la Comunidad Autónoma de Cataluña a través de su Estatuto de Autonomía cuyo actual art. 134 (antes art. 9.29 EAC) define como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña la materia de deporte, listando una serie de submaterias que “en todo caso” deberán considerarse incluidas en la noción de “deporte” a efectos competenciales.

las sentencias vulneraban los derechos a no sufrir discriminación por razón de las circunstancias personales, a la libertad ideológica, en conexión con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida, y a la intimidad personal y familiar, lo que conlleva a rechazar la insostenible tesis de la inmunidad jurisdiccional de las decisiones de la autoridad eclesiástica.

se comprobó que se dio lectura a la proposición con que terminaba el informe de ponencia, luego de la cual, se cerró la discusión y se impartió su aprobación.

El Gobierno tiene el deber de promover la consulta en todos los casos, tanto cuando se trate de proyectos de ley que sean de su iniciativa como cuando se trate de proyectos de ley originados en la de otros sujetos distintos del Gobierno (art. 155 C.P.), cuyo contenido sea susceptible de afectar directa o específicamente a las comunidades indígenas o afrodescendientes.