Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Francia vulneró el debido proceso por la actuación de jueces que fallaron a favor de una empresa en la que habían realizado actividades remuneradas de docencia e investigación.

Los contactos profesionales entre los jueces y una de las partes en el proceso había sido regular, cercana y remunerada, lo que es suficiente para concluir que deberían haber renunciado a participar en el caso y que los temores de los sindicatos demandantes sobre su falta de imparcialidad estaban objetivamente justificados.