Especialmente si existe abuso de poder y mala fe.

El Estado incurre en responsabilidad por promulgar leyes inconstitucionales, resuelve la Corte Suprema de Canadá.

Una inmunidad absoluta no logra conciliar adecuadamente los principios constitucionales que protegen la autonomía legislativa, como la soberanía parlamentaria y el privilegio parlamentario, y los principios que exigen que el gobierno rinda cuentas por infringir los derechos de la Carta, como la supremacía constitucional y el estado de derecho.