Corte Interamericana Derechos Humanos.

Ecuador vulneró la independencia judicial y afectó la garantía del debido proceso al negar a un funcionario destituido la posibilidad de impugnar su desvinculación.

La víctima fue destituida por una decisión del Congreso actuando fuera de sus competencias. De esta forma, el Estado violó el derecho a que la decisión sobre la determinación de sus derechos fuera realizada por una autoridad competente conforme a la legislación interna, en relación con la garantía de la independencia judicial, que incluye la garantía a la estabilidad e inamovilidad en el cargo.