Escrutinio bajo la Primera Enmienda.

Corte Suprema de Estados Unidos fija criterios para distinguir los casos en que los funcionarios públicos están facultados para bloquear a usuarios en sus redes sociales.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.