EN EL MARCO DE PROCESO
Corte de Casación de Francia dictamina que calidad de “parte civil” otorgada por el juez penal a una persona que se declara víctima de actos terroristas no es vinculante para el juez civil
Sostuvo que el sistema de compensación funciona de forma autónoma y con criterios propios. Además, precisó que la condición de víctima exige haber estado expuesto a un riesgo real o haber percibido legítimamente un peligro inmediato durante los hechos. Esta interpretación se aplicó en los casos vinculados a los atentados de Niza y Bataclan, con decisiones divergentes según la situación de cada solicitante.
La Corte de Casación de Francia dictaminó que la condición de parte civil otorgada por un tribunal penal a personas que se declaran víctimas de un atentado terrorista no tiene efectos obligatorios para el juez civil encargado de revisar las decisiones del Fondo de Garantía de Indemnización a las Víctimas de Actos de Terrorismo y Otros Delitos (FGTI). Según el tribunal, ambos procedimientos han sido deliberadamente separados por el legislador con el fin de agilizar y unificar el tratamiento de las solicitudes de compensación.
El régimen especial de indemnización, basado en el Código de Seguros y en el Código de Organización Judicial, encomienda al FGTI la responsabilidad de evaluar y pagar las reparaciones por daños corporales. Desde 2019, las controversias derivadas de las decisiones del Fondo deben ser resueltas por el tribunal civil de París, conocido como JIVAT, lo que permite centralizar los recursos y mantener un criterio homogéneo.
En paralelo, el Código de Procedimiento Penal faculta a las personas afectadas por actos terroristas a presentar demandas civiles dentro del proceso penal, aun cuando la compensación económica dependa exclusivamente del mecanismo civil. Esta participación les concede acceso al expediente y la posibilidad de intervenir durante la investigación y el juicio, pero no garantiza que el juez civil reconozca automáticamente su solicitud de indemnización.
Los casos sometidos al análisis de la Corte dicen relación con los atentados ocurridos en Niza en 2016 y en Bataclan (2015). En los dos primeros expedientes, correspondientes al ataque en el Paseo de los Ingleses, varios individuos solicitaron compensaciones por daños psicológicos tras encontrarse en las inmediaciones del suceso, aunque no estuvieron expuestos directamente al paso del camión utilizado en el atentado. Mientras el tribunal penal los aceptó como partes civiles, el FGTI rechazó su indemnización argumentando que el daño alegado tenía origen en el movimiento de la multitud posterior al ataque. Esta posición fue respaldada tanto por el JIVAT como por el Tribunal de Apelación.
El tercer caso se relaciona con una vecina de un edificio colindante al Bataclan, quien declaró haber presenciado parte de los hechos desde su vivienda sin haber sido alcanzada por los disparos. Al igual que en los casos de Niza, el tribunal penal admitió su constitución como parte civil, pero el FGTI negó la compensación, sosteniendo que no había existido un ataque directo contra ella. Esta negativa también fue confirmada por las instancias civiles.
La Corte de Casación explicó que la separación entre los procedimientos penal y civil busca evitar que la resolución de las solicitudes de indemnización quede supeditada al avance del proceso penal y garantizar que todas las reclamaciones sean tratadas con el mismo estándar. Sin embargo, señaló que los criterios para identificar a una víctima de terrorismo deben ser equivalentes en ambos ámbitos jurisdiccionales e incorporar la especificidad de estos actos, que suelen dirigirse indiscriminadamente contra la población.
Según estos criterios, puede considerarse víctima la persona expuesta de forma directa a un riesgo real de muerte o lesiones, o aquella que, por su proximidad al lugar y conocimiento de los hechos, pudo legítimamente creer que se encontraba ante un peligro inmediato derivado de un ataque cuyo propósito era causar numerosas víctimas.
Con base en esta definición, la Corte concluyó que, en los casos de Niza, los solicitantes no reunían los requisitos necesarios para acceder a la compensación del Fondo. En cambio, respecto del caso del Bataclan, estimó que la demandante sí había estado expuesta a un riesgo objetivo, por lo que la decisión que rechazó su indemnización debía ser anulada y el asunto revisado nuevamente por el tribunal competente.
Temas
Te puede interesar
Suscribirme a Newsletter