Corte Constitucional de Colombia dictamina que instituciones educativas deben actuar con diligencia ante denuncias de abuso sexual

La Corte Constitucional de Colombia dictó sentencian en el caso de una joven que, tras reportar haber sido víctima de una agresión sexual por parte de otro miembro de su comunidad universitaria, no recibió una respuesta institucional adecuada. La sentencia concluye que la universidad incurrió en una vulneración de los derechos al debido proceso, a la educación y a una vida libre de violencias al no activar de forma oportuna y diligente los mecanismos de protección y sanción previstos para estos escenarios.

El tribunal constató que el proceso disciplinario interno presentó dilaciones injustificadas y careció de un enfoque de género que permitiera evaluar la situación de vulnerabilidad de la denunciante. Según el fallo, la institución omitió su deber de brindar medidas de atención urgentes, lo que derivó en un entorno que afectó la permanencia y el bienestar académico de la estudiante. La Corte enfatizó que la autonomía universitaria no es absoluta y no puede utilizarse como justificación para desatender mandatos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En sus consideraciones jurídicas, la Corte recordó que las instituciones de educación superior actúan como garantes de la seguridad de sus alumnos dentro de sus campus y actividades. Por ello, tienen la carga legal de asegurar que los procedimientos de denuncia no se conviertan en instancias de revictimización por negligencia o falta de capacitación de sus funcionarios. La resolución advierte que el silencio administrativo o la tramitación deficiente de estas quejas transgrede el derecho a la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

Finalmente, la Corte ordenó a la entidad educativa la revisión y actualización de sus reglamentos internos para ajustarlos a los estándares internacionales de protección a víctimas. Asimismo, se dispuso que la universidad debe garantizar los apoyos psicosociales y académicos necesarios para que la alumna pueda continuar su proceso formativo en condiciones de seguridad. El dictamen sienta un precedente sobre la fiscalización judicial de los protocolos de género y la responsabilidad de los directivos en el sistema educativo superior.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-010-26.