🌦 10°C ·Santiago·03 de septiembre de 2026
Diario Constitucional

Sugiere modificaciones

Consejo de Estado de Francia emite dictamen sobre proyecto de ley que busca reforzar seguridad pública en el país

Revisó la legalidad de 33 artículos orientados a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, advirtiendo sobre el carácter permanente que adquieren medidas inicialmente excepcionales. El pronunciamiento cuestiona el cierre administrativo de locales comerciales por vulnerar la libertad de empresa, aunque validó el uso de tecnología algorítmica y el anonimato administrativo de los agentes bajo criterios de seguridad. El informe enfatiza la necesidad de equilibrio entre la eficacia policial y el respeto a la propiedad y la libre circulación.

Por Redacción·27 de marzo de 2026·2 min de lectura
imagen: cnn
Referencial

El Consejo de Estado de Francia remitió un dictamen respecto al proyecto de ley relativo a la seguridad pública, el cual fue objeto de múltiples correcciones durante el primer trimestre de 2026. La propuesta normativa consta de 33 artículos divididos en cuatro secciones que abordan la delincuencia urbana, el narcotráfico, los métodos de intervención policial y disposiciones para territorios de ultramar.

En su análisis, el Consejo planteó una advertencia preliminar sobre la proliferación de medidas que restringen las libertades públicas, señalando que disposiciones inicialmente justificadas por contextos de emergencia tienden a convertirse en permanentes o a extenderse a otras formas de criminalidad.

Respecto a la regulación de establecimientos comerciales, rechazó la creación de un régimen de cierre administrativo para locales que vendan artículos pirotécnicos o precursores de explosivos. El dictamen establece que tal facultad supondría una infracción desproporcionada a la libertad de empresa y al derecho de propiedad, protegidos constitucionalmente. El Consejo consideró que las fuerzas policiales ya disponen de herramientas suficientes en la legislación vigente para intervenir ante alteraciones del orden público sin necesidad de instaurar una nueva potestad de clausura general.

En materia de orden público y eventos masivos, el texto valida la tipificación como delito de la organización y participación en reuniones festivas de carácter musical no declaradas. Las nuevas sanciones propuestas incluyen penas de prisión y multas de hasta 30.000 euros para los responsables, así como la confiscación de equipos y vehículos. No obstante, el organismo condicionó la validez de estas sanciones a que la autoridad administrativa informe previamente al público sobre el carácter ilegal de la reunión por medios apropiados.

El análisis también abordó la seguridad vial y el combate a los denominados rodeos motorizados. El dictamen respalda el endurecimiento de las penas y la extensión del procedimiento de multa fija para estas conductas, siempre que se apliquen a delitos de menor gravedad. Asimismo, se aprobó la posibilidad de que los prefectos prohíban temporalmente la conducción de ciertos vehículos, incluso aquellos que no requieren licencia, como una medida adaptada a la naturaleza de las infracciones observadas en la vía pública.

En cuanto a la protección de los agentes de seguridad, el Consejo de Estado estimó conforme a la Constitución la posibilidad de que los funcionarios de la policía, gendarmería y aduanas se identifiquen mediante un número de registro administrativo en lugar de su identidad civil.

Esta opción de seudonimización se considera válida siempre que la revelación del nombre suponga una amenaza para la integridad del agente o sus familiares, y se mantenga la facultad judicial de levantar este anonimato cuando sea necesario para el ejercicio de los derechos de la defensa.

Finalmente, el organismo se pronunció sobre el uso de tecnologías de vigilancia avanzada. Se validó la prórroga experimental hasta el año 2030 del procesamiento algorítmico de imágenes para detectar eventos que amenacen la seguridad en recintos de gran afluencia. Respecto al uso de cámaras en aeronaves y drones, el dictamen permite su despliegue en situaciones de emergencia siempre que exista un riesgo grave e inminente para las personas y se cuente con una autorización administrativa debidamente motivada y publicada.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.

Te puede interesar

Suscribirme a Newsletter