Consejo de Estado de Francia emite dictamen sobre normativa que busca restringir uso de redes sociales por parte de menores

El Consejo de Estado de Francia ha emitido un dictamen detallado sobre el proyecto de ley presentado en noviembre de 2025 por la diputada Laure Miller, el cual busca establecer un marco de protección para menores de edad ante los riesgos derivados del uso de redes sociales. La resolución surge tras la solicitud de la Presidencia de la Asamblea Nacional y analiza la viabilidad de una serie de medidas que incluyen restricciones de acceso por edad, obligaciones para proveedores de servicios digitales y modificaciones en el ámbito educativo y penal.

La iniciativa legislativa propone, entre sus puntos principales, la prohibición total de acceso a servicios de redes sociales para menores de quince años y la implementación de un límite de acceso digital, o toque de queda, para jóvenes de entre quince y dieciocho años, restringiendo su uso entre las 22:00 y las 08:00 horas. Estas medidas se fundamentan en informes previos sobre los efectos psicológicos de ciertas plataformas y la detección de patrones de adicción que podrían comprometer la salud mental de la población infantil y adolescente en el país.

En su análisis de legalidad, el Consejo de Estado advierte sobre la necesidad de armonizar estas disposiciones con el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea. El órgano consultivo sugiere modificar la redacción del texto para que la prohibición recaiga directamente sobre el acceso de los menores y no como una obligación impuesta de forma aislada a las plataformas, evitando así conflictos competenciales con la normativa comunitaria que busca una regulación uniforme del mercado digital en Europa.

Respecto a la proporcionalidad de las medidas, el dictamen señala que una prohibición general y absoluta para menores de quince años podría entrar en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de información y expresión. Por ello, el Consejo propone una distinción entre las plataformas que representen un peligro documentado y aquellas con fines educativos o colaborativos. Asimismo, sugiere que para ciertos servicios se permita el acceso mediante una autorización expresa de los titulares de la patria potestad, preservando la facultad de los padres para guiar a sus hijos en el entorno digital.

El proyecto también contempla acciones en el sistema educativo, como la extensión de la prohibición del uso de teléfonos móviles a las escuelas secundarias públicas, medida que el Consejo de Estado considera proporcionada para fomentar la socialización y prevenir el ciberacoso. No obstante, el órgano recomienda postergar la entrada en vigor de estos cambios hasta el inicio del curso escolar de 2026 para permitir una adaptación adecuada de los reglamentos internos y la preparación del personal docente en materias de salud mental digital.

Finalmente, el dictamen aborda la propuesta de crear un nuevo delito de negligencia grave para padres que permitan un uso inapropiado o no supervisado de herramientas digitales. El Consejo de Estado manifiesta que el ordenamiento penal vigente ya permite sancionar conductas que pongan en peligro la seguridad o moral de los hijos, por lo que considera que la creación de una figura específica requiere una mayor precisión en los conceptos de uso excesivo o falta de supervisión para cumplir con el principio de legalidad de los delitos y las penas.

Vea texto del dictamen.