Impugnan órdenes ejecutivas.
Cientos de abogados estadounidenses presentan escrito en apoyo a demanda contra el gobierno de Estados Unidos.
Se argumenta que la Orden Ejecutiva 14263 interfiere en funciones esenciales del sistema judicial, contraviniendo principios básicos del estado de derecho. Asimismo, se sostiene que las acciones emprendidas vulneran las protecciones establecidas en la Primera Enmienda, en particular el derecho a la libertad de expresión, la prohibición de discriminación por razón de opiniones y el derecho de petición al gobierno.

Más de setecientos socios pertenecientes a importantes estudios jurídicos de Estados Unidos presentaron un escrito “amicus curiae” en apoyo de la demanda que el bufete Susman Godfrey interpuso contra el gobierno federal. En dicho escrito, los socios alegan que ciertas órdenes ejecutivas recientemente promulgadas exceden las competencias atribuidas al presidente y que vulneran derechos garantizados por la Primera, Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Law Firm Partners United (LFPU), agrupación que integra a socios de los 200 bufetes de abogados de mayor presencia en el país, fue constituida el 6 de abril con motivo del proceso judicial iniciado por el despacho Perkins Coie. Este bufete ha impugnado la Orden Ejecutiva 14230, en la cual se le atribuyen prácticas destinadas a impugnar las leyes electorales vigentes y presuntas discriminaciones de carácter racial en sus procesos internos. Dicha orden establece la apertura de investigaciones y la posible revocación de contratos gubernamentales y autorizaciones de seguridad.
Posteriormente, se promulgó la Orden Ejecutiva 14263, dirigida contra Susman Godfrey. En ella se alude a programas de fomento de la diversidad mediante los cuales se otorgan incentivos económicos y oportunidades profesionales a estudiantes pertenecientes a minorías raciales, ordenando la apertura de una investigación y la reducción de contratos públicos con la firma. Esta orden se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a revisar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en sectores públicos y privados.
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