Normativa ya se encuentra en vigor
Avanza liberación de presos políticos en Venezuela en virtud de Ley de Amnistía
La normativa busca extinguir la responsabilidad penal por hechos ocurridos entre 1999 y la actualidad, exceptuando ilícitos de especial gravedad como violaciones a los derechos humanos o corrupción. Mientras el Ejecutivo destaca la celeridad del proceso judicial coordinado con la Corte Suprema, organizaciones civiles advierten brechas en las cifras de excarcelación efectiva y demoras administrativas en la tramitación de las solicitudes presentadas por los recurrentes.

La Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de Venezuela informó que, tras una semana de vigencia de la norma, se han tramitado positivamente más de tres mil amnistías. Según el reporte oficial emitido por el diputado Jorge Arreaza, de las cuatro mil solicitudes ingresadas hasta la fecha, 179 corresponden a personas que se encontraban privadas de libertad y 3.052 a ciudadanos sujetos a diversas medidas cautelares.
El texto legal establece un perdón general para delitos políticos y hechos conexos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigor. No obstante, la normativa delimita estrictamente su ámbito de aplicación al excluir de sus beneficios conductas como el homicidio doloso, el narcotráfico, la malversación de patrimonio público y las vulneraciones graves a los derechos humanos. El proceso requiere la coordinación técnica entre el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, la presidencia interina ha definido este instrumento jurídico como una medida orientada a la estabilidad política y la reducción de la conflictividad interna. El objetivo declarado por el Ejecutivo es fomentar un marco de reconocimiento institucional y prevenir la reincidencia en conductas tipificadas como delitos de odio, integrando la ley dentro de una estrategia de pacificación y soberanía nacional.
Desde la sociedad civil, diversas organizaciones han reportado una mayor organización procedimental en la recepción de causas por parte de los tribunales, aunque mantienen una cifra de verificación independiente inferior a la gubernamental. Hasta el momento, han confirmado la libertad plena de 109 personas encarceladas. Familiares y diversas agrupaciones de derechos humanos han manifestado observaciones respecto a la disparidad de los datos estadísticos y la velocidad de respuesta en la resolución de ciertos expedientes.
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