Corte Suprema anula fallo que ordenaba otorgar derechos de agua sin análisis técnico

Concluyó que no existió infracción alguna al dictarse la resolución impugnada, la cual fue emitida válidamente por la autoridad competente, respetando todas las etapas del procedimiento administrativo.

La Corte de Santiago, sin embargo, acogió el recurso de reclamación y ordenó que la DGA constituya los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados, teniendo presente el DS Nº 2.114, del Ministerio de Obras Públicas, antes citado.

Además, estimó que la DGA no podía fundar el rechazo en un informe técnico posterior, elaborado diecisiete años después del inicio del procedimiento, pues ello vulneraba el principio de los actos propios.

Agregó a sus razonamientos que, el error en la designación de la comuna podía haberse subsanado mediante la facultad para mejor resolver, establecida en el artículo 31 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, y enfatizó que la DGA debía respetar los principios de buena fe y confianza legítima, evitando alterar situaciones jurídicas consolidadas.

La DGA interpuso un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, alegando que la sentencia impugnada infringió el artículo 137 del Código de Aguas, desde que el reclamo previsto en dicha norma no constituye una nueva instancia, sino un mecanismo de revisión de la legalidad del acto administrativo.

Además, se infringe la ley porque la Corte de Apelaciones ordenó constituir derechos de aprovechamiento sin analizar ni ponderar si se cumplían los requisitos establecidos en los artículos 22 y 141 del Código de Aguas, así como en el artículo 20 del Decreto Supremo N°203 del Ministerio de Obras Públicas. Se ordenó la constitución del derecho sin que existiera un análisis técnico sobre la disponibilidad del recurso hídrico ni sobre la eventual afectación de derechos de terceros.

Finalmente, la DGA advirtió que la sentencia contravenía los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley N°19.880, ya que las solicitudes deben resolverse según su orden de prelación, y que dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Apelaciones podría vulnerar los derechos de otros solicitantes con preferencia temporal.

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad sustancial, al concluir que la sentencia impugnada vulneró los artículos 22 y 141 del Código de Aguas al ordenar directamente la constitución del derecho de aprovechamiento. El fallo señala que, “la concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas requiere la constatación del cumplimiento de una serie de requisitos, cuyo análisis y verificación son facultad privativa de la autoridad administrativa”. Por tanto, no es posible conceder un derecho sin un examen técnico previo realizado por la DGA.

La sentencia agregó que al ordenar la constitución del derecho solo con base en una eventual reserva de caudales, se infringieron los artículos 22 y 141 del Código de Aguas y el artículo 20 del Decreto Supremo N°203.

La Corte Suprema también consideró que el error en la mención de la comuna era subsanable siempre que no afectara la comprensión de terceros respecto de la ubicación de los puntos de captación. Sin embargo, advirtió que ello no justifica adelantar la resolución en perjuicio de otras solicitudes con prioridad.

Con todo, el máximo Tribunal criticó la excesiva demora de la DGA en resolver la solicitud, calificándola de “improcedente” y contraria al principio de celeridad. No obstante, precisó que tal retraso no autoriza a los tribunales a sustituir el análisis técnico que corresponde exclusivamente a la autoridad administrativa.

Vea sentencia casación y de reemplazo Corte Suprema Rol N°11909-2024, y Corte de Santiago Rol N°506-2023.