Corte Suprema corrige fallo por falta de motivación y determina el régimen de privilegios de los créditos laborales

Asimismo, el máximo Tribunal advirtió que tal deficiencia configuraba una infracción directa al deber de fundamentación consagrado en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Destacó que los sentenciadores “(…) prescinden del análisis que de tales asuntos debían efectuar, obviando de esa manera las consideraciones de hecho y de derecho que debían servir de sustento al fallo”, lo que impedía colegir la razón por la cual se había excluido un determinado concepto laboral o asignado una u otra preferencia. En esa línea, sostuvo que la decisión carecía del examen probatorio y jurídico indispensable, pues “(…) no es posible colegir por qué razón se excluyeron de la tercería de prelación los montos relativos a la nulidad del despido, no existiendo tampoco claridad acerca de cuáles créditos gozan de la preferencia del N°5 y cuáles corresponden a la del N°8” del artículo 2472 del Código Civil. Tales omisiones, concluyó, afectan la estructura lógica de toda sentencia y constituyen el vicio formal previsto en el artículo 768 N° 5 del mismo cuerpo legal.

En seguida, la Corte Suprema recordó que las sentencias definitivas de primera o única instancia, así como aquellas de segunda que modifican o revocan fallos previos, deben cumplir estrictamente con las exigencias formales establecidas en los artículos 61, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil, así como con el Auto Acordado de 30 de septiembre de 1920 sobre la forma de las sentencias. Dicho marco normativo —subrayó el máximo Tribunal— impone a los jueces el deber de consignar con claridad los hechos que deben fallarse, distinguir los que han sido aceptados por las partes, determinar cuáles se encuentran probados conforme a la ley, apreciar la prueba rendida y desarrollar de manera ordenada las consideraciones de derecho aplicables. Esta estructura lógica, añadió, constituye una garantía del debido proceso y un estándar indispensable para asegurar la coherencia y racionalidad de las decisiones judiciales.

Sobre esa base, el máximo Tribunal advirtió que la sentencia impugnada se apartó de dichas exigencias formales, al no contener las consideraciones fácticas y jurídicas requeridas para fundar adecuadamente la decisión sobre la prelación de créditos. Destacó que esta deficiencia vulneraba directamente el deber de motivación previsto en el numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, configurando el vicio de casación formal del artículo 768 N° 5 del mismo cuerpo legal. En opinión de la Corte Suprema, la omisión de un razonamiento claro, completo y ordenado en torno a los hechos establecidos, la prueba incorporada y las normas aplicables impide verificar la corrección del fallo y quebranta la lógica decisional exigida por la normativa procesal y por la tradición jurisprudencial asentada desde 1920.

En sentencia de reemplazo, la Corte Suprema determinó que los créditos reclamados por los trabajadores se encontraban plenamente respaldados por una sentencia laboral que contenía obligaciones líquidas y actualmente exigibles, correspondientes a remuneraciones impagas, feriado proporcional, indemnización sustitutiva del aviso previo y nulidad del despido. El máximo Tribunal razonó que las tres primeras prestaciones deben considerarse remuneraciones conforme a los artículos 41 y 42 del Código del Trabajo, por lo que gozan de la preferencia establecida en el N° 5 del artículo 2472 del Código Civil, precisando además que la indemnización sustitutiva del aviso previo queda sujeta al límite legal de 90 UF. Asimismo, reiteró su doctrina en torno a que la sanción de nulidad del despido no encuadra dentro del privilegio del numeral 5°, pero sí reviste el carácter preferente del N° 8 del mismo precepto, con los límites previstos por el legislador.

Sobre la base de tales consideraciones, la Corte Suprema confirmó la procedencia de la tercería de prelación y precisó el régimen de privilegios aplicable a cada uno de los conceptos laborales involucrados. Así, declaró preferentes —bajo el numeral 5°— las remuneraciones impagas, el feriado proporcional y la indemnización sustitutiva del aviso previo, esta última con el tope legal mencionado; mientras que atribuyó la preferencia del numeral 8° del artículo 2472 del Código Civil a las prestaciones derivadas de la nulidad del despido, ordenando determinar su monto con base en el ingreso mínimo mensual vigente al momento de dictarse la sentencia de primera instancia. De esta manera, el fallo fijó de forma detallada los criterios que deberán considerarse para la liquidación del crédito preferente.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº51530-2024, de reemplazo, Corte de Santiago Rol Nº2304-2022 y del 11° Juzgado de Letras Civil de Santiago Rol C-32508-2019.