Se rechaza requerimiento contra norma que restringe las excepciones en el juicio ejecutivo laboral

El requerimiento fue rechazado por los Ministros (as) Daniela Marzi (P), Nancy Yáñez, María Pía Silva, Raúl Mera, Héctor Mery y Alejandra Precht.

Para rechazar la impugnación razonan que la limitación de excepciones en el juicio ejecutivo laboral responde a una regulación racional y no arbitraria, que tiene como objetivo garantizar un procedimiento eficaz y expedito en resguardo de derechos de carácter alimentario del trabajador. Sostienen que el proceso laboral se ha diseñado históricamente sobre bases distintas al proceso civil, reconociendo la asimetría estructural entre empleador y trabajador. De ahí que se justifiquen reglas particulares como la celeridad, la inmediación y la desformalización, las cuales se intensifican en la etapa de ejecución, donde se trata de hacer efectivo un título que contiene prestaciones líquidas y exigibles. En esa lógica, la exclusión de ciertas excepciones no constituye una vulneración al debido proceso, sino una opción legislativa que busca asegurar la eficacia de la tutela judicial, impedir dilaciones indebidas y resguardar el carácter alimentario de los créditos laborales. Asimismo, descartan que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas pueda invocarse como fundamento del requerimiento, pues no se trata de un tratado de derechos humanos que integre el bloque de constitucionalidad del artículo 5 inciso segundo de la Carta Fundamental.

Los Ministros (as) Miguel Ángel Fernández y Marcela Peredo estuvieron por acoger el requerimiento, al considerar que el precepto impugnado vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Argumentan que esta restricción impide que el ejecutado pueda controvertir adecuadamente la ejecución en su contra, afectando el equilibrio procesal y los principios de bilateralidad y contradicción. Añadieron que la norma limita de manera desproporcionada las excepciones oponibles —restringiéndolas solo a pago, remisión, novación y transacción—, lo que excluye defensas fundamentales como la prescripción, la cosa juzgada, la litispendencia o la incompetencia del tribunal. A juicio de los disidentes, este diseño normativo priva al deudor de medios efectivos de defensa, generando un estado de indefensión que contraviene la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento, así como los estándares internacionales en materia de tutela judicial efectiva.

El Ministro Héctor Mery concurrió al rechazo del requerimiento, pero previno que lo hacía únicamente sobre la base de lo razonado en los considerandos sexto a undécimo de la sentencia. En ellos se sostiene, en lo esencial, que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no constituye un tratado de derechos humanos, por lo que no integra el bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Asimismo, se advierte que la acción de inaplicabilidad fue presentada como una forma de reabrir una discusión ya resuelta de manera definitiva en sede laboral, configurando un intento de eludir cosa juzgada. El Tribunal también resalta que la requirente no desarrolló un argumento consistente respecto de la alegada infracción al principio de legalidad, limitándose a citar un fallo anterior. Finalmente, se reafirma que la tutela judicial efectiva comprende no solo el acceso a la jurisdicción y la obtención de una sentencia, sino también la ejecución de las resoluciones firmes, lo que resulta incompatible con aceptar el requerimiento en este caso.

Vea sentencia y requerimiento Rol N°15815-24.