Se impugnan normas que permiten reducir precio de subasta de un bien raíz e impiden ejercer la acción por lesión enorme

La gestión pendiente en que incide la impugnación es un juicio ejecutivo por cobro de deuda derivada de un contrato de mutuo hipotecario, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta.

En dicho procedimiento se decretó el embargo de un inmueble del requirente. El bien embargado ha sido solicitado para remate por parte del ejecutante, fijándose como mínimo el avalúo fiscal correspondiente al segundo semestre del año 2024. Posteriormente, la parte ejecutante propuso una tasación pericial que determinó un valor comercial superior al avalúo fiscal, estableciéndose un nuevo mínimo para la subasta. A pesar de ello, las audiencias de remate celebradas no contaron con postores, lo que llevó a sucesivas reducciones del mínimo de remate, llegando a fijarse en un tercio del valor tasado por perito. Frente a estas reducciones, el requirente interpuso recursos de reposición y solicitó nueva tasación del inmueble, los cuales fueron rechazados por el Tribunal, quedando pendiente la realización del próximo remate y la resolución de los incidentes vinculados a la tasación del inmueble.

El requirente cuestiona la constitucionalidad de las normas impugnadas, que en el caso concreto permiten fijar el precio de remate sin criterios objetivos y excluyen la aplicación de la lesión enorme en subastas judiciales, por infringir la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.

Señala que estas disposiciones otorgan al juez una discrecionalidad excesiva y desproporcionada, dejando al mínimo de la subasta a merced de su sola apreciación, sin parámetros claros ni límites efectivos, lo que puede generar pérdidas patrimoniales significativas para la parte ejecutada.

Asimismo, la prohibición de aplicar la acción rescisoria por lesión enorme elimina una garantía legal que protege la equidad en la determinación del precio, creando un trato desigual frente a deudores en situaciones similares y afectando de manera directa el contenido esencial del derecho de propiedad del requirente, al impedir que el valor del inmueble embargado se respete conforme a su tasación real.

Estas circunstancias configuran, según el requirente, un conjunto de vulneraciones constitucionales que justifican la declaración de inaplicabilidad de los preceptos cuestionados.

La Primera Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea requerimiento y expediente Rol N° 16785-25-INA.