Tribunal de Contratación Pública.

Corresponde al actor acreditar las ilegalidades y arbitrariedades en que habría incurrido la entidad licitante.

El tribunal estima que dando explicaciones de carácter estrictamente tecnológico no se logra aclarar de qué forma se afectó el principio de libre concurrencia y el principio de igualdad de los oferentes.