Contraloría · página 9

El informe de la Contraloría General de la República indica también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 permisos médicos.

Sobre la aplicación del artículo 35 quater de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, agregado por la ley N°21.634 que establece nuevas prohibiciones y regulaciones en materia de contratación pública, buscando promover la probidad administrativa y la transparencia.

El organismo fiscalizador rechazó reconsiderar su decisión de no pronunciarse sobre la aprobación ambiental del proyecto "Prospección Minera Campanario".

El organismo fiscalizador precisó que la Subsecretaría del Interior debe informar semestralmente al Ministro sobre el uso de estos fondos.

El organismo fiscalizador emitió nuevas directrices para regular el uso, rendición y control de los fondos secretos asignados a ciertas entidades públicas.

Así lo dictaminó a propósito de la situación de la exalcaldesa de Nogales, que estableció que sí tenía la custodia de fondos públicos y estaba sujeta a la prohibición de apostar en casinos durante todo su mandato.

El organismo fiscalizador determinó que los municipios pueden adquirir instrumentos de defensa personal, pero no dispositivos para control del orden público.

Subtel oficiará a los operadores requiriendo el levantamiento con la identificación de los elementos que están en desuso y que deban ser retirados, o bien, ordenados.

La entidad fiscalizadora determinó que la normativa sobre acoso laboral y sexual aplica a funcionarios y autoridades regionales, con algunas particularidades.

El pronunciamiento responde a un caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien fue vista en un casino mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones. La Contraloría destaca el riesgo de perjuicio patrimonial al Estado ante tales conductas.

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, explicó la normativa sobre la obligación de los funcionarios públicos de asistir a las Comisiones Especiales Investigadoras. Aclaró que todos los empleados estatales deben rendir cuentas.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó su primer Consolidado de Información Circularizada (CIC), un informe clave que aborda el cumplimiento de la ley de Royalty Minero por parte de los municipios. Este nuevo producto institucional, impulsado por la actual Contralora General Dorothy Pérez, busca fortalecer la transparencia y mantener informada a la ciudadanía.

Si bien los jueces de policía local son funcionarios municipales, en aspectos como el ingreso, las calificaciones y la aplicación de medidas disciplinarias, están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de Apelaciones.

Estos recursos se deben mantener en la cuenta de la institución y deberán ser destinados a financiar los gastos del servicio.

Asimismo, los organismos públicos deben hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

Es la entidad edilicia, como institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente, de manera que no corresponde que la divulgación o difusión de la actividad municipal contenga imágenes o frases alusivas a aquellos.

Asimismo, la utilización de audios o capturas de pantalla de conversaciones, mensajes o imágenes de redes sociales como medios de prueba en procesos disciplinarios, son de índole general y no circunscritas a los que se instruyan por denuncias de acoso laboral y sexual.

Se trata de una materia litigiosa que cuenta con reiteradas sentencias de la Corte de Suprema, que concluyen que la confianza legitima de los funcionarios a contrata se configura desde los 5 años en el ejercicio del cargo, no a los 2 años, como se indicaba con anterioridad.

Ambos servicios podrán celebrar convenios para establecer los procedimientos técnicos y modalidades que le permitan al Registro Civil acceder a las solicitudes de información, con el objeto de verificar y evitar la inscripción de armas por personas que se encuentren en el Registro de Condenas o de Sanciones por violencia intrafamiliar.

Los directores sindicales gozarán del fuero laboral establecido en la legislación vigente desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo.

Las entidades contratantes pueden pagar la diferencia entre el referido subsidio y el total de los honorarios acordados, si así se pacta en el contrato a honorarios.

Lobby: Los sujetos pasivos pueden negarse a conceder las audiencias o reuniones requeridas, a menos que esa decisión suponga infringir la igualdad de trato que deben dar a las personas, organizaciones y entidades, lo que no ocurrió en este caso.

No corresponde que se incorpore en las cuentas institucionales la imagen de la autoridad edilicia como práctica reiterada para la difusión de las actividades municipales, puesto que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal.

El despedir al personal debiendo pagar una indemnización por ello, para luego recontratarlo, es una actuación que, de mamera evidente, carece de una motivación razonable y no resulta coherente con el imperativo de destinar los montos recibidos a cumplir únicamente con la función pública que realiza la JUNJI.

Por tanto, el procedimiento de “Ratificación de Residencia Temporal” implementado por el Servicio Nacional de Migraciones, no se ajusta a la normativa vigente, puesto que, conforme al principio de juridicidad, solo le corresponde ejecutar dichos mecanismos.

La plataforma surge a partir de lo dispuesto en la Ley N° 21.592, que establece un estatuto de protección en favor del denunciante.

Las respuestas son anónimas y sus resultados permitirán comparar cómo ha evolucionado la percepción ciudadana sobre este flagelo en Chile.

El texto recopila colaboraciones de profesionales ligados a la gestión pública y busca promover el debate sobre probidad y combate a la corrupción.

La decisión adoptada por el Consejo en orden a desestimar la inscripción de la ONG "Respeto, Justicia y Dignidad" en el registro de donatarios regulado por la ley N° 19.885, que establece incentivos tributarios para las donaciones a entidades sin fines de lucro con fines sociales y público, se ajustó a derecho.

A modo ejemplar, dichas solicitudes pueden tratarse de insistencias continuas en un determinado asunto o las efectúan de manera masiva por uno o más peticionarios, sin aportar elementos de juicio distintos a los que ya se han analizado en diversas oportunidades.