Contraloría · página 8

El ente contralor precisó que, por regla general, solo las instituciones privadas sin fines de lucro pueden recibir fondos públicos bajo los artículos 23 y siguientes de la Ley de Presupuestos, y que la garantía de fiel cumplimiento no puede superar el cinco por ciento del total de los recursos, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

El ente contralor determinó que la JUNJI puede aceptar desembolsos realizados por la Corporación para la Infancia de Santiago destinados a softwares computacionales para la gestión administrativa y contable de sus jardines infantiles. Aclara que estos gastos se ajustan a la normativa presupuestaria vigente, a los convenios de transferencia de recursos y al Manual de Transferencias de Fondos de la JUNJI, por lo que no existe impedimento legal para su aceptación.

El pronunciamiento precisa que las declaraciones juradas de los propietarios de predios vecinos, mencionadas en la Circular N° 397 de 2014, son solo sugerencias administrativas y no requisitos legales. Por ello, el rechazo de solicitudes de modificación de deslindes basado en la falta de estos documentos no se ajusta a derecho, debiendo la DOM y la SEREMI adecuar sus procedimientos a lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

La Contraloría descartó irregularidades en el “Acuerdo por Valparaíso”, suscrito entre Municipalidad, Gobierno Regional y la Empresa Portuaria, y ratificó que su celebración se ajusta al principio de coordinación de los organismos públicos y al cumplimiento de la probidad administrativa, sin comprometer la imparcialidad en la evaluación ambiental de proyectos portuarios.

El ente contralor precisó que no le corresponde determinar responsabilidades políticas del Presidente de la República ni de los Ministros de Estado en caso de retrasos en la dictación de reglamentos, ya que estas materias son competencia exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de la República.

El ente contralor determinó que el plano interpretativo RM-PRMS-21-39 excedió las facultades de la SEREMI Metropolitana de Vivienda, al modificar los límites de la zona industrial del PRMS. La repartición deberá corregir su actuación en un plazo de 20 días, mientras que la Municipalidad de Conchalí tendrá que adecuar su plan regulador comunal, reafirmándose la primacía de la planificación intercomunal sobre la comunal.

El ente contralor precisó que los municipios continúan siendo responsables de tramitar sumarios disciplinarios de empleados de sus DAEM que no fueron incorporados a los servicios locales de educación pública, mientras que los procesos de funcionarios transferidos quedan a cargo de los servicios locales.

El ente contralor aclaró el régimen de feriado aplicable a los asistentes de la educación que trabajan en establecimientos municipales. El pronunciamiento enfatiza que el feriado debe disfrutarse en los períodos establecidos por la ley, sin posibilidad de postergación o acumulación, incluso en casos de licencias médicas. Confirma que no corresponde modificar estas disposiciones por vía interpretativa.

El ente contralor confirmó que las sanciones aplicadas a Remavesa S.A. por incumplimientos técnicos en el contrato de mejoramiento de la Ruta O-10 se ajustaron a derecho. El pronunciamiento precisa que la prescripción de estas multas debe ser declarada judicialmente y solicita a la Dirección General de Obras Públicas que liquide el contrato y remita los antecedentes para control previo, asegurando la correcta ejecución de la obra y el cálculo de las sanciones.

Organismo contralor aclara que el artículo 65 de la Ley N° 19.880 establece que se entenderá rechazada una solicitud no resuelta en plazo cuando la Administración deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos.

El ente contralor confirmó que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) debe pagar derechos municipales por la ocupación de bienes nacionales de uso público (BNUP) en la comuna de Maipú, pero aclaró que es procedente aplicar una rebaja según la ordenanza local vigente. Además, descartó que estos cobros puedan efectuarse retroactivamente.

Organismo contralor ordena dejar sin efecto la contratación y restituir los montos pagados.

El ente contralor aclaró que los municipios pueden difundir en redes sociales imágenes captadas por cámaras de televigilancia para informar a la ciudadanía sobre delitos y actuaciones de seguridad, siempre respetando la protección de datos personales y los principios de igualdad y no discriminación.

En respuesta a un oficio de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Contraloría General aclaró que el personal contratado a honorarios no posee calidad de funcionario público, por lo que la aceptación de sus renuncias voluntarias no requiere la tramitación previa de procedimientos disciplinarios, aun cuando exista una investigación administrativa en curso.

El órgano contralor objetó diversas disposiciones de la ordenanza comunal sobre construcción y urbanización, por vulnerar el principio de juridicidad al imponer requisitos sin base legal y delegar funciones resolutivas a una comisión sin competencias para ello. También rechazó exigencias como el certificado de no deuda y la aplicación de multas sin intervención judicial. El municipio deberá adecuar su normativa y respetar el marco legal previsto en la LGUC y su Ordenanza General.

El dictamen desestima un reclamo por restricciones de uso y confirma que, según el marco legal vigente, el beneficio solo puede emplearse en viajes con fines académicos, reafirmando el criterio aplicado por la Subsecretaría de Transportes.

El ente contralor revisó y actualizó su postura sobre el pago de horas extraordinarias en salud municipal, aclarando que solo corresponde remunerar las horas extras realmente trabajadas, incluso en sistemas de turnos rotativos. Esta interpretación limita la compensación durante feriados, licencias médicas y permisos con goce de sueldo, enfatizando el uso responsable de recursos públicos y el respeto al principio de juridicidad.

El ente contralor respondió a una consulta parlamentaria y estableció que, una vez entregada una solución habitacional transitoria a los afectados por los incendios forestales de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, el bono de acogida cesa, ya que su objetivo es financiar soluciones habitacionales temporales y no coexistir con ellas.

El dictamen concluye que no existió conflicto de intereses en la participación del Subsecretario de Telecomunicaciones y del exjefe de la División de Fiscalización en un congreso organizado por la GSMA en Shanghái, financiado por la misma entidad. La asistencia se enmarcó en funciones públicas legítimas y la invitación no afectó la imparcialidad de los funcionarios.

El ente contralor concluyó que, pese a los avances registrados, la tardanza en el procedimiento iniciado en 2020 carece de justificación suficiente. Ordenó al Ministerio del Medio Ambiente dictar una resolución final y evaluar eventuales responsabilidades administrativas.

El organismo fiscalizador determinó que la Dirección General de Aguas excedió su facultad al modificar de oficio la resolución que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas para el pago de patente, infringiendo la ley y agravando la situación de los titulares afectados.

El ente contralor confirma la obligación legal de descontar remuneraciones por inasistencias injustificadas, establece condiciones para la recuperación de actividades y reitera que los docentes deben cumplir su jornada laboral para percibir remuneraciones

El ente contralor tomó razón de la resolución que incrementa el monto del convenio suscrito con una unión de proveedores de salud, precisando que los pagos sólo podrán realizarse por prestaciones efectivamente otorgadas y sin exceder el monto máximo aprobado. Además, instó a FONASA a perfeccionar sus informes técnicos para evitar incrementos significativos en futuras contrataciones y recordó el deber de cumplir con los principios de igualdad y estricta sujeción a las bases

El dictamen complementa el Plan de Cuentas del Sector Municipal para registrar los aportes fiscales adicionales destinados a comunas de regiones mineras y a aquellas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal, en cumplimiento de las modificaciones introducidas por la normativa vigente

El ente contralor confirmó la legalidad del contrato directo suscrito por la Dirección Administrativa de la Presidencia con un abogado especializado para representar al Mandatario en una causa judicial. El dictamen refiere que la contratación excepcional cumple con los requisitos legales y se justifica por la naturaleza especializada y estratégica del servicio

Organismo de control advierte sobre extralimitación de facultades y mal uso de cuentas institucionales.

Establece criterios para valorización y contabilización de bienes nacionales de uso público. Las vías públicas deben registrarse como activos municipales. Se detallan métodos de valorización inicial y posterior. Se distingue entre mantenciones menores y erogaciones capitalizables. Se fijan criterios para vías construidas en ejercicios anteriores.

Emite directrices para investigar posibles infracciones detectadas. Se debe priorizar la investigación sobre la aceptación de renuncias. Las autoridades pueden retener renuncias por hasta 30 días si hay indicios de faltas graves. Se establecen criterios para la designación de fiscales y la realización de investigaciones. Se enfatiza la importancia del debido proceso y los trámites esenciales en los sumarios.

El exsubsecretario del Interior enfrenta imputaciones por conductas impropias hacia una denunciante, hostigamiento, ocultamiento de información y mal uso de recursos públicos, en el contexto de la acusación por violación presentada en su contra en 2024.

Organismo emite instructivo detallado para funcionarios públicos de cara a comicios presidenciales y parlamentarios a efectuarse el día 16 de noviembre de 2025 y, eventualmente, la segunda votación contemplada para el 14 de diciembre de 2025. Está prohibido realizar actividades políticas durante la jornada laboral o usando recursos públicos. Hay restricciones para traslados y comisiones de servicio 30 días antes de las elecciones. Se regula el uso de bienes fiscales, vehículos y recursos financieros. Hay normas específicas para contrataciones, viáticos y horas extras.