Contraloría · página 3

El nuevo dictamen aclara que la exclusión depende de la naturaleza real de las funciones y del control efectivo del empleador, no solo del uso de tecnología o del cargo.

El organismo precisó que los municipios deben basarse en certificados oficiales y no pueden considerar antecedentes penales extranjeros, aunque sean de conocimiento público.

El organismo concluyó que la Superintendencia de Educación puede evaluar previamente los hechos para determinar si configuran una infracción o si procede la mediación, pero precisó que sus facultades de capacitación se restringen a la rendición de cuentas de los sostenedores, recayendo el apoyo técnico pedagógico en el Ministerio de Educación

El organismo concluyó que la operación se ajustó a derecho, no acreditó perjuicio patrimonial ni conflictos de interés, y descartó exigencias de transparencia y evaluaciones previas no contempladas en la normativa

El organismo concluyó que las cauciones por la renta del contrato se ajustan a derecho, aunque ordenó al municipio regularizar la falta de definición de garantías vinculadas a las obras comprometidas

El órgano fiscalizador recordó deberes de abstención, declaraciones patrimoniales, regulación del lobby, incompatibilidades y sanciones, advirtiendo que su incumplimiento puede derivar en multas e incluso la destitución del cargo.

El órgano de control sostuvo que no existe ambigüedad en su jurisprudencia y reiteró que estos representantes tienen calidad de directores solo para efectos específicos, sin atribuciones de administración

El organismo concluyó que los municipios pueden pactar la modalidad de trabajo a distancia con servidores a honorarios que acrediten discapacidad, en virtud de la Ley N°20.422, como medida de inclusión y ajuste razonable, siempre que la naturaleza del servicio lo permita y se establezcan los controles necesarios

El organismo precisó que el personal regido por la Ley N°19.378 no puede acogerse a la Ley N°21.645, aunque sí puede hacer uso del permiso especial para atender emergencias de menores con trastorno del espectro autista

El organismo determinó que no correspondía pagar remuneraciones, feriados ni licencias médicas durante prisión preventiva y arresto domiciliario, e instruyó iniciar sumario administrativo.

La CGR confirmó que la facultad es discrecional y que el procedimiento utilizado —incluida la participación del INDH— se ajusta a derecho.

El organismo precisó que la suspensión preventiva solo puede ser decretada por el fiscal del sumario, aunque el alcalde sí puede adoptar otras medidas de resguardo urgentes.

El organismo concluyó que el alcalde no podía encargar la causa a un funcionario de su confianza, administrador municipal, por existir un conflicto de interés, lo que vulnera el principio de probidad.

Informe revela transacciones por casi $11.500 millones entre 2024 y 2025; antecedentes fueron remitidos a la fiscalía y a organismos para eventuales sanciones.

El organismo resolvió que la función no corresponde al gobernador regional, sino al representante del Presidente, tras cambios en la estructura institucional.

El organismo aclaró que el empleador solo puede negar el teletrabajo si acredita fundadamente que las funciones no lo permiten; de lo contrario, incurre en infracción susceptible de fiscalización.

El organismo fijó criterio para corporaciones municipales, señalando que, ante la falta de funcionarios disponibles, es procedente designar como fiscal a un funcionario de menor grado, siempre que no tenga relación de subordinación con el investigado

El órgano de control concluyó que el Servicio Electoral, como organismo constitucional autónomo, no integra la Administración del Estado, por lo que su fiscalización se limita exclusivamente al examen de sus cuentas.

El organismo concluyó que el acto excede las competencias municipales y vulnera el principio de juridicidad, al atribuir una calificación de rango constitucional no prevista en la ley.

El organismo fiscalizador concluyó que, tratándose de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, corresponde a dicha autoridad ejercer la potestad disciplinaria, por lo que instruyó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores adoptar medidas para subsanar irregularidades detectadas en procesos administrativos

El organismo concluyó que la circular del Ministerio de Salud y la resolución de la Superintendencia de Educación se ajustan a la Ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, y no regulan el cambio registral de sexo de menores, sino medidas destinadas a respetar la identidad de niños, niñas y adolescentes y prevenir discriminaciones

El ente contralor desestima denuncia y confirma que la inclusión del escudo nacional en la banda presidencial no contraviene la ley, basándose en precedentes históricos y la interpretación de la normativa vigente.

Modifica la jurisprudencia administrativa vigente desde 1995 y establece que es jurídicamente procedente adicionar las horas de trabajo sindical correspondientes a cada cargo cuando una misma persona ejerce simultáneamente funciones de director de sindicato base y de una organización de grado superior

El dictamen confirma que quienes asumen el cuidado personal de un menor mediante medida de protección judicial pueden acceder a diversos derechos laborales vinculados a maternidad, paternidad y conciliación de la vida laboral y familiar, incluyendo permisos y beneficios previstos en el Código del Trabajo.

El dictamen establece que el registro de contratos y convenios colectivos debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 324 del Código del Trabajo, dejando sin efecto instrucciones contenidas en el Manual de Procedimientos Administrativos de la institución en materia de negociación colectiva y huelga.

Complementa la doctrina sobre la aplicación gradual de la Ley N°21.561 y precisa cómo debe distribuirse la rebaja de jornada cuando no exista acuerdo entre empleador y trabajadores, estableciendo criterios proporcionales según la jornada esté distribuida en cinco o seis días.

Contraloría precisó que la universidad puede realizar la compraventa mediante trato directo, siempre que emita una resolución fundada, respete normas de probidad, garantice financiamiento y vincule la adquisición a sus fines educativos.

El organismo podrá eliminar documentación en papel previa microforma, siempre que cumpla los requisitos legales, publique aviso en el Diario Oficial y no exista oposición fundada del Archivo Nacional por su valor histórico o cultural.

El pronunciamiento establece que, aunque los honorarios no son funcionarios públicos, pueden denunciar acoso, acceder a medidas de resguardo y ser incluidos en investigaciones conforme a la normativa vigente, siempre que estas sean compatibles con la naturaleza de su contrato.

El órgano de control determinó que la suspensión total de atención al público y la liberación del control horario vulneraron el principio de continuidad del servicio público. La celebración del Día del Funcionario no autoriza a suspender la atención de público ni a interrumpir la continuidad del servicio que la municipalidad debe prestar a la comunidad, señala el dictamen de la Contraloría.