Corte Suprema ordena traslado urgente de imputada a centro de salud mental por internación irregular en recinto penal

En contra de dicha sentencia, la amparada apeló.

Al respecto, el máximo Tribunal resolvió que, “(…) a pesar de que el diseño e implementación de políticas públicas es de competencia privativa de la Administración del Estado, no es posible soslayar el hecho que los organismos públicos deben velar por el cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia administrativa, consagrado en diversas disposiciones de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”

En ese sentido, manifiesta que, “(…) en la especie, la amparada, desde el mes de diciembre de 2025, se encuentra sujeta a la medida cautelar de internación provisional al interior de un recinto de Gendarmería, al ser formalizada como autora de los delitos de robo en lugar habitado y robo con violencia, y en espera de la confección de una evaluación psiquiátrica por el organismo de salud competente, de conformidad a lo previsto en el artículo 464 del Código Procesal Penal, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a lo ordenado originalmente por el Tribunal en la audiencia de 17 de diciembre de 2025, lo que conlleva a prolongar indefinidamente la privación de libertad de la imputada, con los eventuales efectos lesivos a los derechos fundamentales de la amparada, antecedentes que tornan necesaria —a juicio de esta Corte—, se adopten las medidas sanitarias que resulten pertinentes, con carácter de urgente, tendientes a efectuar la evaluación psiquiátrica decretada en autos, así como su ingreso a un recinto asistencial, compatible con la situación de salud.”

De esta forma, “(…) deja en evidencia que las autoridades de salud han vulnerado abiertamente los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, negando la internación del imputado en la Unidad Psiquiátrica de un centro de salud, amagando su seguridad individual, pues ello importa que la imputada —sujeta a internación provisional— se mantenga privada de libertad en un recinto penal, contraviniéndose abiertamente lo previsto en el artículo 457 y 464 del Código Procesal Penal y el principio de responsabilidad que informa la actuación de todas las autoridades públicas de un Estado Democrático de Derecho, respecto a las decisiones que adopten y los silencios en que incurran, sin que las razones entregadas por la Dirección y Jefatura de los referidos centros asistenciales resulten suficientes para negar cumplir la medida cautelar decretada de conformidad a la ley, máxime si ello importa mantener indefinidamente en suspenso el proceso penal seguido en contra del amparado, en tanto esté pendiente la confección de la pericia psiquiátrica ordenada confeccionar”.

En mérito de ello, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo, sólo en cuanto ordenó el traslado de la amparada, dentro de 72 horas, al centro asistencial de salud mental más cercano al efecto, a efectos de cumplir la internación decretada.

Vea sentencias Corte Suprema Rol N°419-2026 y Corte de La Serena Rol N°795-2025.