Corte Suprema de Canadá precisa criterios para validar investigaciones policiales en propiedad privada

La Corte Suprema de Canadá resolvió que los agentes de policía están facultados para acercarse a la entrada de una residencia privada con el objetivo de dialogar con sus ocupantes en el contexto de una investigación legal. Estimó que el uso de los sentidos como la vista, el oído o el olfato en el umbral de una vivienda no constituye por sí mismo un registro. Esta facultad se sustenta en la doctrina de la autorización implícita para llamar a la puerta, principio del derecho consuetudinario que busca facilitar el contacto entre los ciudadanos y el público general.

El fallo precisa que la vigencia de esta autorización caduca en el momento en que se alcanza la puerta de entrada. Según la mayoría del tribunal, si el propósito principal del agente al presentarse en el lugar es la obtención de pruebas incriminatorias contra el habitante de la vivienda, dicha intención invalida la autorización implícita de ingreso. Por el contrario, los magistrados disidentes sostuvieron que perseguir una acusación penal o la recolección de evidencia excede los límites de la doctrina, puesto que tal finalidad sobrepasa la naturaleza de una comunicación meramente convencional.

En relación con los hechos específicos del proceso, el tribunal determinó de forma unánime que se incurrió en un registro irrazonable cuando los oficiales abrieron la puerta de la camioneta del imputado sin contar con su consentimiento. No obstante, la mayoría de los jueces resolvió que las pruebas obtenidas eran admisibles en el proceso judicial. El argumento central fue que la infracción cometida por la policía no revestía una gravedad extrema en comparación con el interés público de sancionar el manejo bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, conducta calificada como un delito serio.