Corte Constitucional de Ecuador dictamina que jueces de primera instancia deben abstenerse de evaluar calidad de apelaciones al resolver sobre su admisibilidad

La Corte Constitucional del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que aborda el derecho de las personas a la defensa y la garantía de recurrir fallos ante tribunales superiores. El origen del litigio se remonta a una demanda de juicio monitorio por el cobro de tres facturas impagas que totalizaban 13.680 dólares. Tras obtener un fallo adverso en primera instancia, la parte demandante interpuso un recurso de apelación de forma oral, el cual fue fundamentado posteriormente por escrito dentro del término legal.

El proceso llegó a la instancia constitucional luego de que una jueza rechazara de plano la apelación por considerar que no estaba debidamente fundamentada. Ante esta negativa, la compañía accionante presentó un recurso de hecho, el cual también fue inadmitido por la misma juzgadora. La recurrente sostuvo que estas decisiones impidieron que un tribunal superior revisara el fondo del proceso, vulnerando así la seguridad jurídica y el debido proceso.

En su análisis de fondo, la Corte determinó que, según el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la normativa no exige una fundamentación de carácter suficiente o debida para dar por cumplido el requisito de apelación. Por lo tanto, los de primera instancia deben limitarse a constatar que el recurrente sea sujeto procesal, que la decisión sea apelable y que el escrito se haya presentado oportunamente, sin calificar la calidad de los argumentos.