Actualidad Internacional
Denuncian que son ilegales
Estados de EE.UU. impugnan nuevos aranceles globales decretados por el presidente Trump
Un total de 25 estados recurrió ante la justicia para frenar el nuevo gravamen a las importaciones dictado por el gobierno. La acción sostiene que la medida resulta arbitraria e ilegal al utilizar la legislación sobre prácticas desleales como pretexto para aplicar cargas arancelarias generalizadas a diversos socios comerciales.
Un conjunto de 25 estados presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para impugnar el reciente intento del gobierno del presidente Donald Trump de aplicar aranceles globales generalizados. La acción judicial sostiene que las cargas tributarias fijadas son arbitrarias, caprichosas y contrarias a la normativa bajo la cual fueron establecidas.
La medida del ejecutivo fue adoptada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que faculta a indagar y sancionar determinadas políticas de comercio exterior. Tras iniciar una investigación a las economías de varios de los principales socios del país, la autoridad fijó gravámenes de entre el 10 y el 12,5% a 60 naciones, argumentando que comercian bienes elaborados total o parcialmente con trabajo forzoso.
Los demandantes sostienen que invocar la persecución del trabajo forzoso constituye un mero pretexto para impulsar la agenda comercial del gobierno de turno. En el escrito afirman oponerse al trabajo forzoso y respaldar la protección laboral, pero recalcan que la Representación Comercial impuso gravámenes tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y desnaturalizan la legislación invocada.
Esta disposición jurídica ya había sido utilizada previamente por la misma jefatura de Estado para aplicar gravámenes a importaciones provenientes de China por cerca de 200 mil millones de dólares, fundamentándose en supuestas prácticas desleales vinculadas a tecnología y propiedad intelectual. En dicho periodo, las resoluciones judiciales validaron el uso de la facultad legal por parte del ejecutivo.
La adopción de este nuevo criterio sancionatorio se produce tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido en febrero de 2026, el cual anuló las medidas arancelarias iniciales al concluir que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional resultaba ilegal por no autorizar al presidente a fijar gravámenes tributarios.
Ante dicha resolución adversa, el mandatario aplicó de forma temporal un impuesto a las importaciones del 10% destinado a abordar problemas de pagos internacionales. Este cobro caducó pocos días antes de que entrara en vigencia el plan diseñado bajo la Sección 301. La demanda busca ahora que la justicia declare ilegal la medida y prohíba su implementación.
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