Acceso a vivienda en condominio
Suprema confirma rechazo de recurso por restricciones de acceso a vivienda en Colina
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección presentado por el propietario de una vivienda del Conjunto Portezuelo III ubicado en la comuna de Colina, quien acusó al administrador de obstaculizar y condicionar el ingreso y…
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección presentado por el propietario de una vivienda del Conjunto Portezuelo III ubicado en la comuna de Colina, quien acusó al administrador de obstaculizar y condicionar el ingreso y salida de su familia como una forma de presión para obtener el pago de una supuesta deuda.
La acción fue interpuesta por el dueño de un Lote del conjunto habitacional, quien sostuvo que las medidas adoptadas por la administración constituían una forma de autotutela y vulneraban sus derechos a la integridad psíquica y de propiedad.
El recurrente explicó que adquirió el inmueble en 2010, cuando todavía no existía un comité de administración ni una organización vecinal formal. Afirmó que nunca prestó su consentimiento para quedar obligado al pago de cuotas, aportes o cánones mensuales, aunque reconoció haber efectuado, más de una década atrás, aportes voluntarios destinados a fines específicos de seguridad.
Según relató, el ingreso al conjunto se realizaba mediante portones ubicados en calle El Tranque y, durante 2025, la administración decidió desactivar los controles remotos utilizados hasta entonces y reemplazarlos por un sistema automatizado mediante dispositivos TAG.
El propietario sostuvo que la habilitación de ese nuevo mecanismo fue condicionada al pago o reconocimiento de una deuda por aportes mensuales que ascendería a más de $8 millones, además de una contribución extraordinaria de $80.000, vinculada al denominado “Plan de Seguridad Portezuelo III 2025”.
También afirmó que se habría instruido a los porteros para impedir que él y su familia utilizaran el acceso destinado a residentes, obligándolos a ingresar y salir por el portón de visitas. A su juicio, esta situación generó esperas prolongadas, episodios de hostigamiento y una mayor exposición a riesgos de seguridad.
El recurrente sostuvo que esas actuaciones constituían medidas de autotutela, pues buscaban obtener el pago de una deuda que él desconocía mediante acciones de hecho, sin acudir a los tribunales competentes ni exhibir un título que acreditara la existencia de la obligación.
Añadió que la situación afectaba especialmente a su hijo menor de edad, quien padece Trastorno del Espectro Autista y presenta una especial sensibilidad frente a cambios de rutina y situaciones de conflicto.
Por estas razones, solicitó que se declarara ilegal y arbitraria la actuación del administrador y que se le ordenara abstenerse de condicionar u obstaculizar el ingreso y salida de su familia del domicilio. También pidió que no se aplicaran medidas de apremio no consentidas y que cualquier controversia relacionada con la supuesta deuda fuera resuelta ante los tribunales correspondientes.
El administrador del Conjunto Portezuelo III solicitó rechazar el recurso. Negó haber impedido o dificultado el ingreso del propietario y explicó que el cambio del sistema de acceso respondió exclusivamente a razones de seguridad.
Señaló que la medida fue adoptada después de un robo ocurrido durante la madrugada del 8 de diciembre de 2024, cuando una banda armada habría ingresado al conjunto luego de clonar controles de acceso. Como consecuencia de ese episodio, indicó que los vecinos acordaron en marzo de 2025 implementar un sistema automatizado mediante stickers TAG.
El recurrido sostuvo que el propietario siempre pudo ingresar a su domicilio a través del portón destinado a visitas, cuya apertura era realizada por personal de seguridad. También negó que se hubieran impartido instrucciones para impedir la recepción o entrega de su correspondencia.
Asimismo, afirmó que la administración no realizaba cobros al recurrente por aportes voluntarios ni lo mantenía incorporado en nóminas de deudores. Explicó que la referencia a esos aportes contenida en una carta de agosto de 2025 correspondió únicamente a una respuesta a una solicitud realizada por el propio propietario y no a una gestión destinada a cobrarle una deuda.
Agregó que el comité de administración acordó poner a disposición del recurrente cuatro dispositivos TAG para sus vehículos, inicialmente previo pago único de $80.000. Posteriormente, realizó gestiones destinadas a entregarlos, entre ellas una visita al domicilio y el envío de los dispositivos por carta certificada.
En un informe complementario, el administrador señaló que los cuatro TAG fueron recibidos en el domicilio del recurrente el 15 de octubre de 2025. Cinco días después, se le envió un correo electrónico, con copia a su abogado, para consultarle si deseaba habilitarlos, sin que manifestara su voluntad en ese sentido.
La Corte de Santiago rechazó el recurso. Al resolver, recordó que la acción de protección tiene por finalidad resguardar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que puedan privarlos, perturbarlos o amenazarlos.
El tribunal precisó que la controversia se limitaba a determinar si existieron actuaciones destinadas a obstaculizar o condicionar el ingreso y salida del recurrente y su familia de la propiedad, especialmente a través del portón de residentes, con el supuesto objetivo de forzar el pago de una deuda que el propietario desconocía.
Sin embargo, la Corte tuvo presente que, por acuerdo del comité de administración, se pusieron a disposición del recurrente cuatro dispositivos TAG, los que posteriormente fueron enviados por correo y recibidos en su domicilio el 15 de octubre de 2025.
El tribunal también consideró que el recurrente no compareció a estrados y que en el proceso no existía constancia de que hubiese controvertido el contenido del informe presentado por el administrador ni su posterior complementación. Además, tuvo en cuenta que, luego de ser contactado para proceder a la habilitación de los dispositivos, no manifestó su consentimiento para activarlos.
En esas circunstancias, la Corte concluyó que la administración había adoptado las medidas necesarias, sin imponer condición alguna, para que los cuatro TAG pudieran ser habilitados y el propietario accediera normalmente al conjunto habitacional.
El fallo estimó que la conducta y el silencio del propio recurrente habían contribuido a mantener en el tiempo la situación que denunciaba como vulneratoria de sus derechos.
Por ello, determinó que los hechos que originalmente sustentaron el recurso ya no subsistían y que, en consecuencia, no existía una medida cautelar que pudiera adoptarse para restablecer el imperio del derecho.
En esas condiciones, la Corte de Santiago rechazó el recurso de protección por pérdida de oportunidad, sin condenar en costas.
La decisión fue apelada ante la Corte Suprema, que confirmó la sentencia en alzada.
Vea sentencia Corte Suprema Rol N°3982 – 2026 y Corte de Santiago Rol N°19309-2025.
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