Corte Suprema valida potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Bomberos y descarta comisión especial

La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de protección deducido por un ex Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quillón en contra del Tribunal Superior de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, acción constitucional interpuesta a raíz de un procedimiento disciplinario que culminó con su destitución del cargo, sanción que fue confirmada en sede interna por el respectivo Tribunal de Apelación.

En su presentación, el recurrente sostuvo que el procedimiento disciplinario adolecía de graves vicios de legalidad y constitucionalidad, alegando, en particular, que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos carecería de competencia para instruir procesos disciplinarios respecto de cuerpos de bomberos comunales, afirmando que cada institución cuenta con órganos disciplinarios propios y autónomos. En esa línea, calificó la actuación del Tribunal de Disciplina como la intervención de una supuesta comisión especial, no preexistente ni habilitada conforme a la Constitución y la ley. Asimismo, denunció la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa jurídica, señalando que el procedimiento habría sido confuso desde sus inicios, que no se le habría permitido contar con asesoría letrada durante etapas relevantes de la investigación, que no tuvo acceso oportuno ni completo a los antecedentes de la denuncia que dio origen al proceso y que las notificaciones se habrían practicado en forma irregular. Finalmente, cuestionó la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción aplicada, sosteniendo que esta carecía de fundamento suficiente y le impidió continuar ejerciendo el cargo para el cual había sido electo.

Al evacuar el informe, la parte recurrida solicitó el rechazo de la acción constitucional, sosteniendo, en primer término, que el recurso habría sido interpuesto de manera extemporánea, atendido que el recurrente tomó conocimiento del inicio del proceso disciplinario con anterioridad al plazo contemplado en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección. En cuanto al fondo, afirmó que el procedimiento disciplinario se ajustó plenamente a la normativa legal y estatutaria vigente, destacando que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y su Tribunal de Disciplina cuentan con facultades expresas de control, fiscalización y sanción respecto de los cuerpos afiliados. Negó que se tratara de una comisión especial, señalando que los órganos disciplinarios son permanentes, preexistentes y regulados en los estatutos de la institución. Asimismo, sostuvo que el afectado fue debidamente citado, oído y pudo ejercer los recursos internos previstos, sin que se configurara vulneración alguna al debido proceso o al derecho a defensa, agregando que la acción de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito ni la proporcionalidad de sanciones adoptadas por órganos competentes dentro de su ámbito reglado.

La Corte de Concepción, tras revisar los antecedentes de hecho, de derecho y las normas relevantes, comenzó por descartar la alegación de extemporaneidad del recurso, razonando que el acto efectivamente impugnado no era el inicio del proceso disciplinario, sino la resolución que puso término definitivo a dicho procedimiento al resolver la apelación deducida en sede interna. En ese sentido, explicó que el plazo para interponer la acción constitucional debía computarse desde la notificación de esa última resolución, por ser aquella la que consolidó los efectos jurídicos cuestionados por el recurrente, concluyendo que el recurso fue deducido dentro del término previsto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

A continuación, el tribunal delimitó con precisión el objeto del conflicto sometido a su conocimiento, identificando como acto impugnado la resolución del Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que dispuso la destitución del recurrente de su cargo, sanción que fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelación de la misma entidad. A partir de ello, la Corte sostuvo que el análisis debía centrarse en determinar si dicha actuación podía ser calificada como ilegal o arbitraria y si, como consecuencia de ello, se habían visto afectadas las garantías constitucionales invocadas en el libelo.