Corte Suprema ordena a Isapre equiparar cobertura de salud mental a prestaciones físicas

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel y, en su lugar, acogió el recurso de protección interpuesto por un afiliado en contra de la Isapre Cruz Blanca por restringir la cobertura en prestaciones de salud mental, en contravención a lo instruido por la Superintendencia de Salud mediante la Circular IF/N°396 y a los principios de la Ley N°21.331 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.

El recurrente alegó que la Isapre aplicaba un trato discriminatorio en la cobertura de prestaciones de salud mental, puesto que su plan mantenía topes, limitaciones y una protección financiera muy inferior a la otorgada para enfermedades físicas, pese a lo establecido en la Ley N°21.331 y en la Circular IF/N°396 de la Superintendencia de Salud. Sostuvo que, a partir de dicho marco normativo, las isapres no pueden comercializar ni mantener planes que restrinjan la cobertura en salud mental y que, por ello, la entidad debía adecuar también los contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la normativa. Afirmó que la negativa de la recurrida a ajustar el plan vulneraba diversos derechos constitucionales y perpetuaba un régimen de desigualdad incompatible con las obligaciones legales vigentes.

Por su parte, la Isapre sostuvo que no existió ningún actuar ilegal ni arbitrario, pues el plan del afiliado fue válidamente suscrito bajo la normativa vigente a la fecha de su contratación, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°21.331 y de la Circular IF/N°396. Alegó que dichas normas solo se aplican a los planes comercializados con posterioridad al 1 de marzo de 2022, de modo que no cabe exigir su aplicación retroactiva ni la modificación de contratos antiguos mediante la vía excepcional del recurso de protección. Añadió que cualquier cuestionamiento a la interpretación administrativa de la Superintendencia de Salud debía canalizarse por los procedimientos especiales previstos en la ley, y que la pretensión del actor, al buscar alterar cláusulas contractuales y obtener eventuales devoluciones, requería un juicio de lato conocimiento y no una acción cautelar.

La Superintendencia de Salud informó que, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°21.331, la normativa permitía a las isapres ofrecer planes con coberturas reducidas en salud mental, lo que derivó en limitaciones generalizadas en esta área. Explicó que la Ley N°21.331 obligó a ajustar las normas administrativas para impedir que los nuevos planes otorguen menor cobertura a estas prestaciones y para eliminar cualquier trato desigual. En esa línea, detalló que la Circular IF/N°396 prohibió la comercialización de planes que restrinjan beneficios en salud mental y dispuso que toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita, indicando además las fechas de entrada en vigencia de estas disposiciones. No obstante, la entidad se abstuvo de pronunciarse sobre el caso concreto por ser competencia del Tribunal, a fin de no afectar un eventual procedimiento administrativo posterior.

La Corte de San Miguel rechazó el recurso, estimando que la Ley N°21.331 y la Circular IF/N°396 solo resultan aplicables a los planes de salud comercializados con posterioridad a su entrada en vigencia, por lo que no pueden imponerse ajustes a contratos suscritos con anterioridad sin vulnerar el principio de irretroactividad de la ley. Consideró que la Isapre actuó dentro del marco normativo vigente al momento de suscribir el plan del afiliado, el cual —a juicio del tribunal— no podía ser modificado por vía de protección, pues ello implicaría alterar válidamente lo pactado y desconocer las reglas contractuales aplicables. Agregó que no se configuraba un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, dado que ésta habría dado cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas entonces vigentes, razón por la cual no se acreditaba una afectación actual al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

Acordado con el voto en contra de la ministra señora Catepillán, quien estuvo por acoger el recurso al estimar que los contratos de salud deben adecuarse a las normas vigentes, especialmente cuando estas buscan erradicar la discriminación en la cobertura de prestaciones de salud mental. A su juicio, las innovaciones legislativas orientadas a fortalecer la igualdad ante la ley tornan inadmisibles las cláusulas que hoy limitan dichas coberturas, incluso si provienen de contratos celebrados con anterioridad, de modo que la Isapre debió ajustar el plan del afiliado conforme al nuevo marco legal.