ESTADOS DEMANDAN POR ARANCELES
Veinticuatro estados de EE.UU. demandan al gobierno federal por política arancelaria
La controversia jurídica se centra en la interpretación técnica de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una facultad presidencial inédita en su aplicación hasta la fecha. Los demandantes sostienen que no concurren las condiciones de desequilibrio financiero o crisis monetaria exigidas por la normativa para elevar los gravámenes. El litigio obligará a los tribunales federales a delimitar los poderes del gobierno federal.
Una coalición conformada por 24 estados de Estados Unidos inició una acción legal ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos con el fin de invalidar los aranceles ad valorem implementados por la administración de Donald Trump el pasado 20 de febrero. Esta ofensiva judicial, identificada como el caso Oregon et al. contra Trump et al., surge como respuesta directa a la estrategia arancelaria del Ejecutivo, la cual se activó después de que la Corte Suprema restringiera previamente el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para estos fines.
La demanda sostiene que el gobierno incurrió en una aplicación indebida del Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha cláusula autoriza la imposición de recargos temporales por un periodo de 150 días únicamente bajo supuestos de déficits graves en la balanza de pagos, riesgos de depreciación inminente del dólar o para coordinar la corrección de desequilibrios internacionales con otros países. Según la acción legal, el Gobierno habría confundido conceptualmente el déficit comercial de bienes con el déficit global de la balanza de pagos, el cual incluye flujos financieros transfronterizos.
Los estados demandantes exponen en sus argumentos que la balanza de pagos de Estados Unidos durante el año 2024 registró un saldo negativo aproximado del 0,2 % del Producto Interno Bruto, cifra que consideran insuficiente para justificar medidas de emergencia. Asimismo, el texto legal plantea que la Sección 122 es anacrónica para el modelo económico vigente, argumentando que fue diseñada tras el denominado Nixon Shock para un sistema de tipos de cambio fijos que no guarda relación con el actual mercado de divisas regido por la oferta y la demanda.
El escrito también señala presuntas irregularidades respecto al cumplimiento de los principios de no discriminación y uniformidad exigidos por la ley. Los estados alegan que las exenciones concedidas a socios comerciales como Canadá y México, junto con una lista selectiva de productos excluidos, vulneran las disposiciones que obligan a aplicar estas restricciones de manera amplia y general. Por tales motivos, han solicitado la constitución de un tribunal de tres jueces, dada la relevancia constitucional de los límites del poder presidencial sobre el comercio exterior.
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