TRÁFICO DE MIGRANTES ILEGALES
Tribunal español condena a prisión a miembros de organización que trasladaba migrantes ilegalmente a Europa
Se reveló la existencia de una estructura criminal que operaba desde Gran Canaria para facilitar el desplazamiento irregular de personas llegadas en embarcaciones desde Marruecos. La investigación judicial acreditó que el grupo gestionaba alojamientos, documentación y pasajes de transporte hacia la península ibérica y otros países de la Unión Europea, cobrando por estos servicios. El fallo detalla el papel jerárquico de sus integrantes, los métodos de cobro y los mecanismos empleados para eludir los controles migratorios, incluyendo el traslado de menores bajo identidades falsas.
La Audiencia Provincial de Las Palmas (España) dictó sentencia condenatoria contra tres imputados por su participación en una organización dedicada a gestionar el tránsito irregular de inmigrantes desde las Islas Canarias hacia distintos puntos de Europa. Las penas impuestas oscilan entre los dos y los cuatro años de prisión, según el grado de implicación en los hechos.
La resolución señala como principal responsable a una mujer de nacionalidad marroquí, de 60 años, condenada a cuatro años de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su hijo, también marroquí y de 31 años, fue sentenciado a tres años de prisión por el mismo delito. Un tercer acusado, ciudadano español de 47 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria, recibió una pena de dos años de prisión por falsedad en documento público y una multa de 2.400 euros como cooperador necesario en el delito principal.
Durante la audiencia, los tres acusados reconocieron los hechos y aceptaron las penas propuestas por el Ministerio Fiscal, por lo que la sentencia adquirió firmeza. Según las investigaciones de la Policía Nacional, entre noviembre de 2021 y julio de 2022 operó en Gran Canaria una red de carácter familiar, integrada por personas de origen magrebí, que ofrecía a inmigrantes recién llegados la posibilidad de desplazarse hacia la península o hacia otros países europeos a cambio de pagos que partían desde los 200 euros.
El fallo detalla que la mujer condenada era el enlace principal entre los organizadores de los viajes en Marruecos y los inmigrantes o sus familias. Estas personas contactaban con ella antes de la salida de las pateras (embarcaciones) o tras la llegada a Canarias, para acordar los términos del traslado. Los pagos se efectuaban mediante sistemas de envío de dinero como Western Union, RIA o Moneygram, a nombre de alguno de los miembros de la red.
Una vez recibida la transferencia, los implicados localizaban a los inmigrantes en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o en los hoteles donde se alojaban. Desde allí, los trasladaban a viviendas situadas en Las Palmas o en Arucas, donde permanecían hasta organizar su salida hacia la península.
La sentencia describe que los integrantes de la organización se encargaban de proveer ropa, modificar la apariencia de los migrantes y gestionar la compra de billetes de avión. En caso de no poder embarcar por vía aérea, se optaba por el traslado marítimo hacia Huelva, donde los controles eran menos estrictos.
El tribunal también constató que la principal acusada facilitó el desplazamiento de menores de edad. Para ello, instaba a algunos jóvenes a abandonar los centros de acogida y los hacía viajar con documentación perteneciente a personas adultas, permitiéndoles embarcar con destino a la península o a otros países europeos.
De acuerdo con la investigación judicial, la red permitió el tránsito de al menos 47 personas desde el CATE de Las Palmas hacia distintos destinos europeos. La Audiencia consideró acreditados los hechos y dictó sentencia de conformidad con las partes.
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