Tribunal de Países Bajos rechaza ordenar medidas adicionales contra Israel por la situación en Gaza

El Tribunal de Apelación de La Haya dictó una sentencia en la que rechazó las acciones requeridas al Estado neerlandés por parte de distintas organizaciones propalestinas. Las entidades solicitaban que el gobierno adoptara medidas adicionales frente a Israel en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza, solicitando controles más estrictos en torno a la exportación de determinados bienes y la actividad de empresas holandesas en territorios ocupados.

Entre los puntos examinados se encontraba la exportación de material militar y de productos considerados de doble uso. Las organizaciones alegaban que estos bienes podrían ser empleados en actos contrarios al derecho internacional humanitario. El tribunal concluyó que el Estado ya aplica una política de evaluación de riesgos que ha llevado a negar autorizaciones en casos en que existía la posibilidad de un uso indebido, y sostuvo que no era posible exigir medidas adicionales sin vulnerar la facultad estatal de definir su política exterior y de seguridad.

La sentencia también abordó la exportación de perros entrenados hacia Israel. Las organizaciones sostenían que algunos de estos animales podían ser utilizados en operaciones que afectasen a civiles palestinos. Sin embargo, el tribunal observó que no existe normativa específica que someta a control esta exportación y que, por tanto, no había base legal para imponer las restricciones solicitadas. Asimismo, señaló que el establecimiento de una regulación en esta materia correspondería a decisiones legislativas que exceden la competencia judicial.

Otro aspecto analizado fue la relación de empresas neerlandesas con asentamientos israelíes ubicados en territorios ocupados. Las entidades demandantes solicitaban que se ordenara al Estado intervenir directamente para poner fin a estas actividades comerciales. El tribunal reconoció que el gobierno mantiene un enfoque de desincentivo hacia este tipo de vínculos, pero concluyó que no puede imponerse, mediante un proceso judicial, una obligación de adoptar medidas adicionales, dado que las directrices internacionales aplicables no especifican cuáles acciones deben ejecutarse y dejan un margen amplio de decisión a los Estados.

La corte subrayó que, si bien existen obligaciones internacionales relacionadas con la prevención de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario, estas se estructuran como deberes de esfuerzo y no permiten ordenar al Estado acciones concretas que impliquen sustituir su criterio político o normativo. En esta línea, el tribunal enfatizó la necesidad de mantener una postura de deferencia respecto de las decisiones gubernamentales en ámbitos altamente sensibles como la seguridad nacional y la política exterior.

Finalmente, la resolución confirma íntegramente la decisión de primera instancia y rechaza cada una de las pretensiones presentadas en la apelación. El tribunal también precisó que, en este contexto, la vía judicial no es el mecanismo apropiado para definir o modificar políticas públicas de alcance internacional, que deben ser tratadas en las instancias políticas correspondientes.

Vea sentencia Tribunal de Apelación de la Haya.