Tribunal de EE.UU. valida uso de pronombres de género en escuelas del Estado de Maryland

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos confirmó la validez de las directrices establecidas por la junta escolar del condado de Montgomery, Maryland, las cuales instruyen al personal docente a utilizar los pronombres seleccionados por los estudiantes. La resolución judicial confirma que los establecimientos educativos tienen la potestad de restringir la divulgación de datos relacionados con la identidad de género de los menores hacia sus padres, desestimando las impugnaciones que acusaban una vulneración a las libertades fundamentales de los trabajadores de la educación.

Estableció que las normativas en cuestión poseen un carácter neutro y son de aplicación general para todo el personal. La sentencia determina que el interés del Estado por prevenir actos discriminatorios y garantizar un entorno seguro para los estudiantes prevalece sobre las objeciones basadas en creencias religiosas personales. En este sentido, la magistratura consideró que las exigencias de la junta escolar no contravienen las cláusulas de libertad de culto protegidas por la Constitución estadounidense.

Respecto a la libertad de expresión, el tribunal ponderó la naturaleza de las funciones de la demandante, quien se desempeñaba como docente sustituta. El fallo sostiene que las interacciones entre profesores, alumnos y familias se enmarcan dentro de los deberes oficiales de un empleado gubernamental. Bajo esta premisa, la justicia concluyó que el discurso de los docentes en el aula no califica como el de un ciudadano privado, por lo cual el Estado puede regular dichos mensajes sin que ello implique una censura ilegal bajo la Primera Enmienda.

La decisión también abordó las reclamaciones interpuestas bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964. La demandante argumentó que la negativa del distrito a concederle una exención por motivos religiosos constituía una forma de discriminación laboral. No obstante, al haberse descartado previamente la existencia de una violación constitucional, el Cuarto Circuito mantuvo la desestimación de esta pretensión, validando el criterio del tribunal de instancia inferior que ya había rechazado las medidas cautelares solicitadas por la docente.

Este pronunciamiento se inserta en un escenario de disparidad de criterios dentro del sistema judicial de los Estados Unidos. Mientras este circuito fortalece la autonomía de los distritos escolares en Maryland, otros tribunales, como los de California en el Noveno Circuito, enfrentan litigios similares con resoluciones contrapuestas respecto al derecho de los padres a ser informados. La divergencia judicial subraya la complejidad de equilibrar los derechos de privacidad de los menores con las prerrogativas de los tutores legales y las libertades de conciencia del personal educativo.

Vea texto de la sentencia.