Negligencia y falta de cuidado
Tribunal de EE.UU. sanciona a abogados de estudio jurídico por utilizar jurisprudencia falsa generada con inteligencia artificial
La sentencia profundiza en el deber no delegable de los profesionales del derecho de realizar una indagación razonable sobre la veracidad de los fundamentos legales presentados ante un tribunal. El fallo analiza cómo la confianza ciega en herramientas de IA constituye una violación a las normas de procedimiento civil. La sentencia establece parámetros de responsabilidad diferenciados según el rol de cada abogado en la cadena de elaboración y firma de los escritos judiciales.
Un tribunal de Distrito de Kansas (Estados Unidos) sancionó a cinco abogados de un estudio jurídico en un litigio por infracción de patentes. La decisión responde a la inclusión de múltiples citas legales, fragmentos de sentencias y referencias jurisprudenciales inexistentes en los escritos de oposición a una exclusión de perito y en la respuesta a una solicitud de juicio sumario.
El tribunal constató que el contenido defectuoso fue producto de consultas realizadas mediante la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT, cuyos resultados no fueron verificados antes de su presentación oficial.
El proceso de sanción se originó tras la detección de al menos once errores, que incluían desde citas incorrectas de casos reales hasta la invención total de nombres de procesos y números de expediente. Entre los errores detallados en la resolución se encuentra la mención de un caso inexistente denominado Hockett v. City of Topeka, cuyo número de expediente correspondía en realidad a una apelación de seguridad social no relacionada. Asimismo, se atribuyeron citas textuales a tribunales de circuito que no figuraban en las sentencias originales o que sostenían principios jurídicos contrarios a los expuestos por la defensa.
Uno de los abogados admitió haber utilizado la tecnología como un atajo para buscar jurisprudencia durante un periodo de crisis personal por emergencias médicas familiares. El letrado recibió una multa de 5.000 dólares, la revocación de su admisión pro hac vice ante dicho tribunal y la obligación de informar la sanción a las autoridades disciplinarias de los estados donde posee licencia. El tribunal desestimó el argumento de la falta de intención de engañar, señalando que el estándar de la Regla 11 es de razonabilidad objetiva y que el desconocimiento de los riesgos de alucinación de la IA no exime del deber de supervisión.
La resolución también alcanzó a los demás integrantes del equipo legal, independientemente de si participaron directamente en la generación del contenido, los cuales fueron multados con 3.000 dólares cada uno por permitir que sus nombres figuraran en los documentos sin haberlos leído previamente, lo que el tribunal calificó como una abdicación de sus deberes profesionales. Por su parte, otro abogado fue sancionado con 1.000 dólares por no realizar un cotejo de citas a pesar de su rol de garante de la legitimidad de los escritos presentados en su jurisdicción.
Como medida correctiva adicional, el tribunal ordenó la implementación de políticas internas estrictas en los respectivos bufetes para asegurar la precisión de futuras presentaciones. Estas medidas incluyen la exigencia de certificaciones que detallen procedimientos de verificación humana y capacitación en el uso ético de tecnologías emergentes. Solo un abogado asociado fue liberado de sanciones económicas adicionales, al considerar el tribunal su posición subordinada y que sus aportes al documento se limitaron a ediciones técnicas sin autoridad de revisión sustantiva.
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