Tribunal de EE.UU. dictamina que cancelación de subvenciones federales para la Universidad de Harvard es ilegal

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dictaminó que la cancelación de subvenciones federales a la Universidad de Harvard, ejecutada por la administración del presidente Donald Trump, careció de validez legal. El fallo se centró en la compatibilidad de la medida con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Primera Enmienda de la Constitución y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

El caso versa sobre la decisión gubernamental de anular cientos de becas asignadas a investigadores de Harvard, medida que se justificó en presuntas deficiencias de la institución para atender denuncias de hostigamiento hacia estudiantes judíos. La universidad interpuso una acción judicial, argumentando que la medida constituía una represalia frente a su negativa a adherirse a lineamientos académicos promovidos por la administración federal.

En su opinión, el tribunal reconoció que Harvard había debido enfrentar situaciones de antisemitismo en el campus y que las acciones implementadas no resultaron suficientes para contrarrestarlas. Sin embargo, concluyó que la decisión de cancelar las subvenciones no guardaba una relación directa con las investigaciones financiadas y que la fundamentación administrativa presentada carecía de consistencia con los principios normativos aplicables.

El tribunal señaló que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la medida federal se apartó de los estándares de revisión exigidos por la APA, además de plantear conflictos con la protección constitucional de la libertad de expresión y con las garantías contra la discriminación establecidas en el Título VI. La sentencia determinó que el uso del argumento del antisemitismo en este contexto no resultó suficiente para sustentar la anulación de los fondos otorgados.

La resolución se suma a otros litigios promovidos contra decisiones de la administración Trump en el ámbito universitario. Entre ellos, destaca una acción interpuesta por el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, relacionada con la amenaza de deportación de estudiantes extranjeros en razón de sus opiniones sobre el conflicto palestino-israelí. Estos casos ponen de relieve la interacción entre las medidas administrativas adoptadas en política educativa y las garantías constitucionales de las instituciones de educación superior en Estados Unidos.

Vea texto de la sentencia.