Tribunal de EE.UU. anula prohibición de porte de armas de fuego en zonas urbanas de California

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos emitió una sentencia en el marco del caso Baird contra Bonta, determinando que las normas del Estado de California que prohíben el porte abierto de armas de fuego en los condados más poblados vulneran la Segunda Enmienda constitucional. El fallo, acordado por una mayoría de dos votos contra uno, revocó parcialmente una decisión anterior de un tribunal de distrito que respaldaba la posición del fiscal general de California, Rob Bonta, instruyendo la emisión de un pronunciamiento favorable a las pretensiones del demandante en lo relativo a las zonas urbanas.

Para arribar a esta conclusión, la magistratura empleó el estándar de revisión establecido por la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Ass’n v. Bruen. El tribunal sostuvo que los antecedentes históricos de la nación demuestran que el porte abierto constituye una práctica integrada en la tradición constitucional del país. Según el razonamiento de la mayoría, el estado de California no cumplió con la carga de identificar una tradición histórica análoga que permitiera sustentar las restricciones modernas en las jurisdicciones donde habita la mayor parte de la población civil.

En cuanto a la estructura de licencias aplicable en condados con baja densidad demográfica, el tribunal optó por desestimar la acción. La resolución explica que el demandante no cuestionó oportunamente la decisión del tribunal de primera instancia sobre este punto en su escrito de apelación inicial. Además, el fallo señala que el sistema de permisos para zonas rurales se ajusta a la categoría de emisión obligatoria mencionada en el precedente Bruen, bajo el cual el criterio de legítima defensa resulta base suficiente para el otorgamiento de una autorización administrativa.

En el caso se analizaron diversas disposiciones del Código Penal de California, específicamente aquellas que penalizan el transporte de armas cargadas en vías públicas y el porte a la vista de armas cortas descargadas. El sistema legal vigente solo permitía licencias de porte expuesto en condados con menos de doscientos mil habitantes. Sobre este punto, un juez presentó una opinión concurrente donde cuestionó la gestión administrativa de dichas licencias, mientras que otro juez manifestó su disenso al argumentar que el texto de la Segunda Enmienda no ampara explícitamente el porte abierto y que el estado mantiene potestades regulatorias si garantiza vías alternativas como el porte oculto.

Vea texto de la sentencia.