Tribunal británico anula designación de Palestine Action como grupo terrorista

El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido dejó sin efecto la resolución del Ministerio del Interior que calificaba a la organización Palestine Action como grupo terrorista. La sentencia judicial establece que, si bien la autoridad administrativa posee facultades discrecionales para proscribir entidades, en este caso no se ponderaron factores adicionales exigidos por la normativa vigente. El fallo indica que el error cometido por la administración fue significativo al no ajustar la medida a los criterios de proporcionalidad necesarios.

La resolución reconoce que el grupo ha realizado actos que técnicamente podrían encuadrarse en definiciones de terrorismo, pero aclara que la naturaleza y persistencia de dichas actividades no alcanzan el umbral requerido para justificar una prohibición total. Según el tribunal, la política estatal debe restringir el uso de la discreción para evitar que cualquier organización que cumpla mínimamente con los requisitos sea proscrita automáticamente. Por el momento, el levantamiento de la prohibición rige a la espera de una eventual apelación por parte del Estado.

La controversia legal se originó tras una demanda presentada por la cofundadora de la agrupación, quien invocó la Ley de Derechos Humanos de 1998 y los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La proscripción inicial, impulsada por la Secretaria de Estado bajo la Ley Antiterrorista de 2000, se produjo tras una serie de acciones de vandalismo contra infraestructura militar en el contexto del conflicto en Gaza.

Desde la perspectiva policial, la Policía Metropolitana informó que la anulación de la orden se encuentra supeditada al proceso de apelación. En consecuencia, las autoridades advirtieron que manifestar apoyo a la organización todavía podría ser considerado un delito penal bajo el marco legal actual. La policía señaló que enfocará sus esfuerzos en la recopilación de evidencia sobre este tipo de conductas, modificando su estrategia operativa respecto de los arrestos inmediatos.

El impacto de la medida administrativa previa se refleja en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que registraron 1.630 arrestos vinculados a esta prohibición durante el año 2025. Esta cifra representó un incremento del 660 % en las detenciones por terrorismo en comparación con el periodo anterior. El proceso judicial coincide con el fin de una huelga de hambre llevada a cabo por activistas encarcelados que protestaban contra la criminalización de sus actividades.

Vea sentencia del tribunal británico.