Normativa no exenta de polémica
Parlamento de Corea del Sur aprueba proyecto de ley que sanciona noticias falsas
La nueva normativa faculta a los tribunales a imponer sanciones económicas de hasta cinco veces el valor de las pérdidas acreditadas por la difusión de contenidos falsos o fabricados. Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta necesaria para proteger la integridad democrática frente a la desinformación y el discurso de odio, gremios periodísticos y expertos legales advierten sobre la imprecisión del texto y el riesgo de censura en un entorno de creciente polarización ideológica.
La Asamblea de Corea del Sur aprobó una iniciativa legal que prohíbe a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, la publicación de información falsa o fabricada. La normativa introduce un esquema de indemnizaciones de carácter punitivo significativas y ha suscitado un debate jurídico respecto a sus implicancias para la censura y el ejercicio del periodismo.
A pesar de los intentos del Partido Conservador por bloquear la votación mediante tácticas de obstrucción, el Partido Demócrata logró finalizar el debate tras 24 horas, aprobando el proyecto con 170 votos favorables de los 177 legisladores presentes en la sesión.
El texto aprobado expande considerablemente el ámbito de las sanciones y redefine el concepto de contenido ilícito para abarcar figuras como la difamación, la incitación a la discriminación y la difusión de datos falsos. Según los argumentos esgrimidos por la bancada demócrata, esta legislación tiene como objetivo neutralizar la amenaza que representan las noticias falsas y la desinformación, fenómenos que, a su juicio, socavan los cimientos de la democracia.
Una de las disposiciones más relevantes faculta a los tribunales de justicia para establecer indemnizaciones por daños punitivos que pueden ascender hasta cinco veces el monto de las pérdidas efectivamente comprobadas.
Diversas agrupaciones de periodistas y defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación por la redacción del proyecto, criticando la vaguedad en la tipificación de los contenidos sujetos a sanción y la insuficiencia de salvaguardas para la labor de la prensa. Estos sectores han instado al presidente a ejercer su facultad de veto para prevenir potenciales vulneraciones a la libertad de expresión. En esta línea, Song Ji-Won, abogado del Instituto de Derecho de la Comunicación, sostuvo que la valoración judicial debería ponderar la información en su totalidad, advirtiendo que la normativa actual podría permitir el retiro de piezas audiovisuales completas basándose en una única frase inexacta.
El contexto político en el que se enmarca esta legislación es de alta complejidad. Tras el juicio político que culminó con la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol en 2024, la nación asiática ha atravesado una profunda fragmentación ideológica.
Se ha reportado un incremento en la popularidad de creadores de contenido en plataformas como YouTube, quienes promueven teorías conspirativas y presentan a Yoon como una víctima de persecución política. Este escenario ha derivado en una polarización de los medios digitales, con un aumento notable en los discursos de odio y la circulación de información no verificada.
Los legisladores demócratas enfatizaron la urgencia de regular no solo la información inventada, sino también el discurso de odio empleado con fines de lucro o para infligir daño. Este clima de inestabilidad se ve acentuado por las acusaciones recientes contra Yoon Suk Yeol por el presunto encubrimiento de una investigación militar, así como los cargos presentados contra otro exlíder surcoreano en relación con la ley marcial de diciembre de 2024.
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