Tribunales por País · página 99

La ley establece un sistema de calificación para evaluar el comportamiento de los internautas chinos, e impone a las empresas de medios la obligación de controlar sus actividades en línea. Se enmarca en una política de Estado que busca intensificar el control sobre la disidencia.

Su edificación genera un trato diferenciado en los destinatarios de la obra. Un beneficio para un distrito y un perjuicio para el otro, cuyos habitantes encuentran dificultades para acceder al transporte público y a espacios públicos por el muro en cuestión, lo que genera un impacto negativo en las condiciones de vida de los habitantes de uno de los lados del muro.

Se reúnen los requisitos exigidos por la norma para la procedencia del reclamo por daño directo impetrado en nombre de la niña en tanto el acto es antijurídico, el demandado ha actuado con culpa, se ha generado daño moral por ausencia de la figura paterna y falta del emplazamiento familiar correspondiente, que la niña sufre con independencia de su discernimiento. Este daño guarda una relación causal adecuada con la conducta omisiva.

El tribunal solicitó al recurrente que en el plazo de 2 días subsanara la omisión, sin embargo, hubo silencio del letrado.

La jurisprudencia ha establecido, como lo ha puesto de manifiesto el a quo, que los copropietarios pueden, por propia voluntad, establecer en sus Estatutos una serie de limitaciones a sus facultades de disposición y, por ello, que afecten a sus derechos de propiedad, cuando el interés de la comunidad lo haga aconsejable y así lo estimen conveniente.

El recurso de apelación no sitúa al Tribunal ad quem en la misma posición en que se hallaba el órgano de instancia.

La recurrente no demostró que la publicación de los pasajes impugnados del libro degradara o humillara a Kohl de forma que violara su derecho general al respeto de su persona. En todo caso, la imagen moral, personal y social adquirida por Kohl a través del trabajo de su vida no ha sido violada en grado tal que afecte el núcleo de la dignidad humana.

Está suficientemente consolidado un criterio: sólo deberá considerarse droga tóxica o estupefaciente, aquella sustancia que sea apta para producir los efectos que le son propios. Y esto, en función de la cantidad de principio activo registrado en concreto y de la capacidad del producto para incidir negativamente en la salud de un eventual afectado.

No se requiere que la persona o colectivo cuyo nombre se le da a la calle, se dedicaran a dignificar o realzar la sublevación, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura para sustituirlo, sino que basta con que la denominación dada a esa calle produzca objetivamente una exaltación que rechaza.

El principio de resocialización forma parte del proceso de rehabilitación del sentenciado, toda vez que, al restituirlo en sus derechos y cancelar sus antecedentes penales, judiciales y policiales, cambia su estatus jurídico, permitiendo su reincorporación en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.

No es incompatible la enfermedad mental diagnosticada a la madre de los niños que fue declara absuelta y que debe cumplir bajo internamiento en un centro médico para idear un plan en conjunto.

En el delito de sedición la incitación está completa una vez que se hace el enunciado. No es necesario que el delito que se incita se haya cometido efectivamente. Tampoco es necesario que se establezca que es razonablemente probable que se produzca el hecho delictivo que se ha incitado.

El fallo apuntó que “no existe duda que el derecho confiere acción para poner a salvo la memoria de la persona difunta frente a ataques u ofensas".

La respuesta regulatoria de las autoridades competentes no se ha actualizado a los nuevos estándares internacionales, sino que se basa en los reglamentos existentes. Estos admiten el CPF como una sustancia tolerable y no altamente tóxica. La autoridad se guía por conceptos toxicológicos y ambientales anticuados, sin consultar lo que se ha decidido en otros escenarios, como la UE y los Estados Unidos y en clara omisión de la evidencia científica sobre la materia.

Sus comentarios no se habían limitado a criticar al Islam. En su contexto general se hicieron con una intención discriminatoria, como llamar a los espectadores a rechazar y excluir a la comunidad musulmana en su conjunto. Ello es perjudicial para la cohesión social. La sentencia condenatoria de los tribunales nacionales aparece justificada suficiente y pertinente para la injerencia denunciada.

El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.

En materia de demandas promovidas contra un estado extranjero, como principio, éste no se halla sometido a las jurisdicciones de otros estados conforme a una sólida y aceptada norma de Derecho Internacional.

La revocación legal del testamento como consecuencia del matrimonio ulterior del testador se funda en un principio lógico que se sustenta en la presuposición de que el testador al contraer ulterior matrimonio no ha podido por principio mantener las mismas voluntades expresadas antes del cambio de su estado, ya que el matrimonio no sólo por razón de afecto modifica la situación preexistente, sino que nuevos deberes legales crean una situación nueva.

El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.

La exigencia de un intérprete en el proceso penal deriva del derecho a no sufrir indefensión.

Ambos grupos huyen de la guerra y la violencia, por lo que el Estado debe tratar a estos grupos por igual.

El banco informó, con fundamento en una investigación interna, que los productos financieros fueron obtenidos por terceros que engañaron al actor, para obtener sus datos personales. Sin embargo, reportó a la central de riesgo sobre los presuntos incumplimientos bancarios en que habría incurrido.

La injerencia en los derechos de los demandantes se realizó de conformidad con la ley. El desalojo fue ordenado por el Tribunal de Apelación, ante la existencia de una situación manifiestamente ilícita por la ocupación ilegal de terrenos sin título alguno. En vista de las molestias y peligros creados por los campamentos, la injerencia persiguió los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad pública, además de la protección de los derechos y libertades de los demás.

La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.

La eutanasia está permitida, por lo que la prohibición se refiere para proporcionar el suicidio respecto de quienes “están cansados de la vida” o consideran que su vida “está completa”.

El tema de de la justicia y su administración se aborda expresamente en la partida tercera, donde se habla del procedimiento civil o el imperio de la ley, tomando como base el proceso, es decir, las personas que intervienen en el juicio y el procedimiento conforme al cual se tramita.

El proceso de extradición en la legislación venezolana se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales prevalece el de la no entrega del nacional, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este principio se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales.

El derecho a la vivienda de emergencia, por su naturaleza y finalidad social, es afín a los derechos reconocidos en el marco del derecho legalmente exigible a la vivienda o a las prestaciones sociales a los efectos de la jurisprudencia. En consecuencia, la decisión de conceder o denegar alojamiento de emergencia constituye un derecho civil que no se equipara a una decisión sobre inmigración o sobre la entrada, estancia o expulsión de extranjeros.

Se debe observar el principio pro persona, que favorece al procesado y a sus derechos cuando existe duda. Por ende, la sola lectura en audiencia de la sentencia penal no es una notificación válida. A efectos de generar seguridad jurídica y predictibilidad en casos futuros, la interpretación más favorable para los procesados es la que prescribe la notificación por cedula.

Como regla general en el derecho de familia canadiense, el interés superior de los niños se mide desde la perspectiva de los niños y es la consideración primordial para todas las decisiones que les conciernen. Si bien separar a los niños pequeños de su principal cuidador ciertamente podría causarles daño psicológico, no siempre alcanzará el nivel de “daño grave” requerido por la norma. El juez de primera no cometió ningún error revisable al decidir que no se alcanzó este nivel.