Tribunales por País · página 58

A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, se ha reafirmado en diferentes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública en garantizar ese derecho con acciones positivas.

La propuesta de ley busca fortalecer las medidas de seguridad para estas figuras públicas, dado el incremento reciente de incidentes relacionados con intentos de asesinato y amenazas en su contra.

El único argumento establecido por el ad quem para tomar la decisión de revocar la sentencia apelada, fue el relativo a la falta de comunicación al trabajador de la falta imputada, lo que, a decir del tribunal ad quem, vulneraría el derecho de defensa del demandante. Sin embargo, tal como lo ha notado el recurrente, no existe mayor pronunciamiento del fondo del proceso.

Para que el profesional tenga derecho a solicitar una justa y equitativa retribución por el servicio prestado, son necesarios ciertos requisitos a saber: que posea título habilitante y matrícula para ejercer libremente su actividad; que la actuación no resulte exceptuada de retribución por una norma especial y que el trabajo efectivamente realizado sea oficioso.

La Corte observó en Wikipedia una representación artística vinculada al caso, la cual, si bien no correspondía a una fotografía real de la víctima, fue considerada sujeta a remoción para evitar cualquier riesgo de tergiversación. La decisión del tribunal se fundamenta en la necesidad de cautelar el principio rector de confidencialidad de la identidad de la víctima.

El instructor asignado actuó en total conformidad con las regulaciones, brindando asistencia y supervisión adecuada hasta segundos antes del trágico suceso que, como luego se supo a través de la nota de disculpas que estaba en la cartera de la mujer, aquella había planificado.

La autoridad incumplió sus obligaciones relativas al regreso, reasentamiento y reintegración de los afectados por el desplazamiento por factores ambientales. Estas obligaciones encuentran su fundamento, entre otros, en los artículos 1, 51, 90 y 95 de la Constitución, así como en los Principios Deng y Pinheiro.

Estas leyes complementan la AB 730, introducida en 2019, que prohíbe la distribución de "deepfakes" relacionados con candidatos en los 60 días previos a su participación en una boleta electoral. La AB 730 también establece la posibilidad de que los candidatos afectados por deepfakes puedan emprender acciones legales.

La medida de bloquear la red social X siguió a una disputa de meses entre Musk y Moraes por el incumplimiento de la firma de las órdenes judiciales que exigían a la plataforma tomar medidas contra la propagación del discurso de odio, que el multimillonario denunció como censura.

La nueva "Chief Justice" del TC sudafricano es una jurista con una sólida formación y una contrastada reputación.

El enajenante no puede eximirse de su responsabilidad por daños cuando actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad, cuestión que no ocurre en autos. Como ya apuntara, los demandados, al tener a su nombre un criadero de perros, realizaban este tipo de operaciones en forma habitual.

Su incumplimiento autoriza al órgano jurisdiccional la imposición de sanciones. La medida disciplinaria impuesta es proporcional a la entidad del injusto y la culpabilidad por el tipo infraccional disciplinario. Sostener que no conocía del recurso en cuya audiencia intervenía y que no estaba preparado revela una temeridad y falta de diligencia añadida, que no puede pasarse por alto.

El caso tiene directa relación con el principio de reparación plena, pero también con las garantías y derechos humanos de la actora como integrante de aquel grupo vulnerable: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, entre otros (Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores).

En su último informe anual, la Oficina de la ONU dedicada a monitorear las garantías fundamentales insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil.

Los opositores a las reformas han expresado preocupación sobre una posible afectación a la independencia judicial. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha emitido observaciones similares, señalando que la elección de funcionarios judiciales mediante el voto popular podría permitir al partido gobernante ejercer una influencia indebida.

Cuando se repara el daño moral no se incluye como rubro la falta de amor y de afecto, ello pertenece al aspecto espiritual de las relaciones de familia, sobre el cual el derecho no actúa, salvo que trasciendan en determinadas conductas, como son por ejemplo, el abandono, que permitirá accionar por privación de la patria potestad o la falta de asistencia, que permitirá demandar alimentos.

Nada apunta a que el recurrente verificase un proceso selectivo más o menos meditado que le llevase a descartar conscientemente un instrumento mucho más incisivo y cortante; ni la existencia de escalpelos en la dependencia contigua suprime la potencialidad homicida inherente a las tijeras efectivamente empleadas.

El cáncer de mama, siendo una de las enfermedades más comunes y mortales para las mujeres, no solo representa un desafío médico, sino también un obstáculo socioeconómico significativo, exacerbado por barreras de género arraigadas que impiden el acceso equitativo a recursos médicos y apoyo laboral.

No nos encontramos ante una conducta delictuosa, pero si ante un comportamiento procesal reprochable por la calidad profesional de ambos letrados, lo que les impone mayor responsabilidad por sus amplios conocimientos. Dichas conductas afectan el decoro y la ética profesional que como auxiliares de la justicia deben preservar.

En torno a tal práctica, conocida como “stealthing”, se ha sostenido que en su acepción nativa, el diccionario de Cambridge define la palabra stealth como “movement that is quiet and careful in order not to be seen or Heard”, que en nuestro idioma sería algo así como un movimiento silencioso y cuidadoso para no ser visto ni escuchado.

Aun cuando el área de educación religiosa es obligatoria, este espacio formativo no puede tener un contenido dogmático y, en todo caso, es mandatorio contar con alternativas para los estudiantes que opten por no recibir ese tipo de instrucción en el marco de su libertad de cultos.

Facebook no garantizó que las aplicaciones de terceros utilizadas en su plataforma obtuvieran un consentimiento significativo de los usuarios para acceder a su información personal. De igual modo, se concluyó que Facebook no obtuvo el consentimiento adecuado de los amigos de dichos usuarios cuyos datos también fueron accedidos.

El Tribunal de Apelación de Ginebra condenó a Erwin Sperisen a 14 años de prisión. El exjefe de la Policía Nacional de Guatemala fue considerado cómplice en ejecuciones extrajudiciales en una prisión cercana a la capital guatemalteca. La defensa - una vez más - advirtió que apelará.

En la entrevista de cuatro horas difundida por YouTube, las dos mujeres mostraron fotos de Brigitte Macron y su familia, se refirieron a operaciones quirúrgicas a las que supuestamente se había sometido, afirmaron que no era la madre de sus tres hijos y dieron información personal sobre su hermano.

El fallo del Noveno Circuito sostuvo que el proyecto de ley estatal discrimina a las personas transgénero, vulnerando así la Cláusula de Igual Protección. No obstante, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre si la normativa también violaba el Título IX, reservando este punto para el juicio de fondo.

Este criterio no es absoluto, sino una presunción que puede ser eliminada si se demuestra que la droga no fue utilizada para consumo personal. La policía puede incautar la droga y detener a la persona en flagrancia, aunque la cantidad sea inferior a 40 gramos, si encuentra indicios de intención de traficar.

La propuesta de reforma constitucional a la justicia en México representa una regresión en materia de derechos humanos al incorporar figuras como la de jueces sin rostro que ya han sido cuestionadas por organismos como la Corte Interamericana.

Los peligros de la ausencia de control judicial de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial por populistas digitales extremistas a través de X, especialmente durante el periodo electoral, son gravísimos y ponen en peligro la soberanía popular y el sistema democrático.

El derecho de acceso a la Justicia se debe asegurar en un tiempo razonable y las presuntas víctimas o sus familiares tienen el derecho a que se hiciera todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, establecer las respectivas responsabilidades y sancionar a los eventuales culpables.

El Congreso de Uruguay aprobó la reforma a la Ley de Comunicación Audiovisual que contenía restricciones a la labor periodística y permite una mayor concentración en el ecosistema de medios de dicho país. Tras un fuerte rechazo de periodistas y la sociedad civil, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, interpuso un veto parcial contra la disposición más polémica de la ley, mitigando algunas de las amenazas.