Normativa que regula tratamiento de imágenes obtenidas por drones de fuerzas policiales y de seguridad se ajusta a derecho, resuelve el Consejo de Estado de Francia.

El Consejo de Estado de Francia dictaminó que la normativa que regula el tratamiento de imágenes filmadas con drones, por razones de mantenimiento del orden público, cumple las exigencias de protección de datos personales establecidas por el derecho comunitario y francés, por no autorizar ni el reconocimiento facial, ni la captura de sonido, ni el “cruce” con otros archivos. Además, la normativa prescribe que la autorización de captura de imágenes deberá ser evaluada caso a caso.

Según se narra en los hechos, una organización civil denunció que el decreto fue adoptado irregularmente, pues la versión final del texto era diferente a la sometida a revisión. Del mismo modo, adujo que vulneraba el derecho al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, sin ofrecer garantías suficientes, al no ser su texto lo suficientemente “preciso y legítimos”.

En su análisis de fondo, el Consejo observa que, “(…) el marco jurídico existente –incluido este decreto pero también la ley sobre responsabilidad penal y seguridad interior del 24 de enero de 2022 complementada con las reservas de interpretación del Consejo Constitucional– garantiza cumplimiento de los requisitos de protección de la intimidad y de los datos personales derivados de la legislación francesa y europea”.