Justicia española investiga a abogado que habría redactado escritos judiciales deficientes con inteligencia artificial

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (España) ha iniciado una investigación formal contra un abogado por una presunta infracción a los principios de buena fe procesal. La medida se adoptó luego de que el tribunal detectara que un recurso de apelación presentado por el profesional contenía múltiples citas de jurisprudencia y referencias a documentos institucionales cuya existencia no pudo ser corroborada en las bases de datos oficiales. El caso ha generado atención debido a que los antecedentes sugieren que el contenido pudo ser generado a través de herramientas de inteligencia artificial.

Durante la revisión del escrito, los magistrados identificaron al menos siete sentencias atribuidas al Tribunal Supremo que no guardan relación con los registros judiciales disponibles. Asimismo, el recurso incluía extractos de un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2019 sobre la credibilidad del testimonio infantil, documento del cual la instancia judicial no tiene constancia y que habría sido utilizado para sustentar argumentos en un proceso por agresión sexual. La precisión de las transcripciones de estos textos inexistentes llamó la atención de los integrantes de la Sala.

La resolución judicial expone que la inclusión de estos antecedentes parece responder a una falta de diligencia en la revisión de los contenidos generados por algoritmos. Según el tribunal, el recurrente habría delegado su labor de verificación en la tecnología, incorporando la información a su escrito sin contrastarla con fuentes oficiales. Los jueces señalaron que esta práctica omite la comprobación básica que se espera de un experto en normas procesales, lo que derivó en la presentación de argumentos basados en una creación jurídica sin sustento real.

Frente a estos hallazgos, el tribunal ordenó la formación de una pieza separada para depurar las responsabilidades legales correspondientes. El procedimiento se sustenta en lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de determinar si la conducta del letrado constituye una falta que deba ser sancionada. La instancia contempla otorgar audiencia al profesional investigado para que presente sus descargos antes de que se adopte una decisión definitiva sobre las posibles sanciones o medidas disciplinarias.

Vea sentencia del tribunal español.