Jueza de EE.UU. dictamina que restricciones a visitas de congresistas a centros de detención de ICE son ilegales

La magistrada del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictó una resolución que deja sin efecto la exigencia de notificación previa impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los miembros del Congreso que deseen inspeccionar los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La resolución judicial responde a una política implementada en enero por la secretaria de la cartera, Kristi Noem, la cual obligaba a los parlamentarios a informar sus visitas con una antelación de siete días.

La acción legal fue promovida por ocho integrantes de la Cámara de Representantes, quienes sostuvieron que la normativa vigente en las cláusulas de asignación de fondos impide que el DHS utilice recursos financieros para obstaculizar el acceso de los legisladores a sus instalaciones con fines de supervisión. Según los demandantes, la política de la secretaria Noem contravenía directamente esta prohibición legal de carácter presupuestario.

Por su parte, la defensa de la autoridad administrativa argumentó que la política de restricción se financiaba a través de la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), un cuerpo legal que, según la interpretación del DHS, no contemplaba las mismas limitaciones de acceso que las asignaciones estándar. Sin embargo, la jueza rechazó este planteamiento, señalando que la falta de apelación en fallos anteriores similares debilita la postura del gobierno federal sobre un posible daño irreparable.

En los fundamentos del fallo, la justicia estadounidense determinó que los factores de equidad favorecen la suspensión de la política de la agencia. La magistrada subrayó que los argumentos relativos a la prevención de actos de carácter mediático no justifican el retraso de las visitas, puesto que dichas situaciones podrían ocurrir independientemente del plazo de notificación. Con esta decisión, se ratifica la improcedencia de la suspensión solicitada por el Gobierno mientras se tramita la apelación.

Este pronunciamiento constituye la tercera ocasión en que la magistrada se manifiesta contra las restricciones de acceso del DHS. El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando a legisladores de Minnesota se les impidió el ingreso a un centro de detención, situación que se repitió en enero a pesar de existir una orden judicial previa. Con la presente resolución, la política de notificación queda bloqueada íntegramente, permitiendo que el Congreso retome el acceso irrestricto a los centros de detención de ICE.

Vea texto de la sentencia.