Juez federal de EE.UU. anula reforma a política de vacunación infantil propuesta por el gobierno federal

Un juez Federal de Estados Unidos dictó una orden judicial que paraliza los cambios estructurales promovidos por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en materia de inmunización. La determinación legal deja sin efecto la reducción del número de dosis recomendadas para la población infantil y suspende las funciones de los trece integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización que habían sido designados recientemente por el gobierno.

La sentencia responde a una acción legal presentada por la Academia Estadounidense de Pediatría junto con otras organizaciones del sector sanitario. El tribunal fundamentó su decisión en que la autoridad de salud habría omitido los procedimientos científicos y legales establecidos de manera histórica para la regulación de vacunas. Según el fallo, la integridad de las acciones gubernamentales se vio comprometida al desestimar los métodos de naturaleza científica codificados en la ley federal.

Como consecuencia directa de esta resolución, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización debió postergar sus sesiones programadas para esta semana. El juez concluyó que el panel no se encontraba constituido de acuerdo con los requisitos legales, lo que invalida además las votaciones previas realizadas por dicho organismo. Entre las medidas anuladas se encuentran la rebaja en las recomendaciones de inmunización para enfermedades como el rotavirus, la gripe, la hepatitis A y la hepatitis B en recién nacidos.

El litigio puso de relieve el cumplimiento de la Ley Federal de Comités Asesores, que exige que este tipo de organismos técnicos mantengan una composición imparcial y operen sin influencias externas indebidas. Los demandantes cuestionaron el reemplazo de diecisiete expertos independientes por nuevos miembros que compartían la visión de la secretaría de Estado, argumentando una vulneración a los mandatos de objetividad que rigen al organismo encargado de orientar la cobertura de seguros y las prácticas médicas.

Por su parte, la defensa presentada por el Departamento de Justicia sostuvo que la administración posee facultades discrecionales suficientes para modificar las políticas sanitarias. El argumento oficial planteaba que los cambios buscaban abordar el descenso en la confianza ciudadana hacia las vacunas observado tras la emergencia sanitaria global. No obstante, el tribunal determinó que estas modificaciones no se ajustaron a los requisitos de procedimiento necesarios para alterar el calendario de salud pública vigente.

El escenario jurídico ha generado una respuesta inmediata en el sector farmacéutico y en las asociaciones profesionales. Mientras que las acciones de diversas compañías biotecnológicas registraron variaciones leves en los mercados tras conocerse el fallo, los especialistas en pediatría han reportado un incremento en la incertidumbre de los procesos de consulta. La decisión judicial reinstala los protocolos previos mientras se resuelve el fondo de la controversia sobre la autonomía de las agencias de salud y la validez de sus nuevos criterios técnicos.

Vea texto de la sentencia.